No debería ser complicado demostrar que los jueces que pusieron en libertad provisional bajo fianza al presunto narcotraficante Carlos el Negro, pocos días antes de ser juzgado por delitos por los que se le pedían 60 años de prisión y 69.000 millones de pesetas de multa, incumplieron como mínimo sus obligaciones profesionales. De acuerdo con la ley de probabilidades, el acusado se dio a la fuga de inmediato. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer remitir el caso al fiscal general para que considere la posible existencia de un delito y someterlo también a su comisión disciplinaria para que determine si hubo negligencia culpable.

La decisión de los tres magistrados resulta literalmente incomprensible. El riesgo de fuga era evidente, pero los jueces dedujeron por su cuenta que la depresión que, según el informe psiquiátrico, padecía el acusado neutralizaba ese riesgo. El antecedente más conocido es el del mafioso Antonio Bardellino, fugado en 1984, pero ya entonces se comprobó la dificultad de probar un posible delito de prevaricación -dictar a sabiendas una resolución injusta- cuando no existe reiteración en la actuación judicial.

El Consejo no se pronuncia sobre la eventual existencia de un delito de ese tipo, pero la remisión al fiscal general indica que no lo descarta. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que esa remisión se realizará cuando el Consejo considere que un juez o magistrado ‘ha realizado en el ejercicio de su cargo un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta’. Será la fiscalía, por tanto, quien valorará la eventual dimensión penal de los resultados de la inspección del Consejo.

De los datos conocidos es imposible no deducir indicios de lo que en cualquier oficio se consideraría grave negligencia profesional. Incluso si el informe psiquiátrico -sobre el que Instituciones Penitenciarias también ha abierto una investigación- hiciera inexcusable liberar al preso, tendrían que haberse tomado las precauciones obvias: una fianza mayor, control diario -y no quincenal- del reo, comprobación del domicilio indicado y vigilancia del mismo, como había pedido el fiscal. Que un comportamiento así quedase impune, con la excusa de que no está expresamente contemplado entre los motivos de responsabilidad disciplinaria, tendría un efecto letal para la credibilidad de la justicia. La discrecionalidad del juez no equivale a arbitrariedad y, desde luego, no ampara la incompetencia. Y para evitarlo está el órgano de gobierno de los jueces.

El País, 4.01.2002, Opinión.

El Magistrado español DANIEL DE ALFONSO LASO, que se presenta como “creyente ferviente” ante el supernumerario del Opus Dei JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, entonces Ministro del Interior, invoca, “33 jueces metidos en la carrera judicial preparados por mí, sin ninguna mácula por así decirlo y los tres de oficina, me hacen tener contactos en Guardia Civil, en Mossos, en Policía, entre periodistas, entre abogados”.

¿Se puede saber quiénes son esos 33 jueces “pata negra”, que ingresaron en la Judicatura vía opusiciones “metidos” por el preparador De Alfonso?

http://ficheracos.publico.es/files/mp3/2016/20160624133142-clip4corte31130-1337.mp3 0:33

[Estado español] “… un sistema judicial a la cola, a la cola, de los sistemas judiciales europeos por lo que hace a independencia judicial”

Fuente: Entrevista a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, TV3 11.06.2017, 44:52.

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/entrevista/lentrevista-al-president-puigdemont-i-al-vicepresident-junqueras/video/5672702/

Imagen: “Comunicación de ataques a la independencia e imparcialidad y a la libertad de expresión de Magí Ribas Alegret como Juez”, dirigida al Relator Especial sobre la independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, abril 1999.

COMUNICACIÓN AL RELATOR ESPECIAL SOBRE INDEPENDENCIA DE JUECES Y ABOGADOS DE NACIONES UNIDAS

Tarragona, 12 junio 2017

THORBJØRN JAGLAND
Secretario General del Consejo de Europa
Estrasburgo, Francia

Distinguido Señor,

Prelatura del Opus Dei, organización de la Iglesia Católica declarada secta por el Parlamento belga, obliga a los miembros numerarios y agregados a llevar cilicio “cada día, al menos por dos horas”, salvo domingos y festivos (1).

El cilicio es un cinturón de alambre con púas que se anuda en el muslo, tal como muestra la imagen adjunta. La exnumeraria Agustina López testimonia (2):

“me lo ponía dos horas cada día. Un día en una pierna, el siguiente en la otra. Cuando me lo quitaba, notaba cómo los pinchos iban arrancándose de la carne, dejándomela llena de pequeñas heridas sangrantes –una por cada pincho–. Al día siguiente usaba el cilicio en la otra ingle, y así dejaba un día de por medio para que se me cicatrizara. Pero nunca acababan de cicatrizar.”

Las lesiones físicas y psicológicas causadas por el artilugio, además de presunto delito contra la integridad moral, incurren en trato degradante conforme a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Debido a la infiltración del sistema judicial español –más de dos tercios de jueces y ocho de cada diez fiscales mantienen vínculos con la “Obra de Dios”–, semejante atentado, entre otros muchos, permanece impune.

Así, mediante el presente escrito, insto al Consejo de Europa adoptar medidas urgentes que pongan fin a esta grave quiebra de los derechos humanos.

Atentamente,

Magí Ribas Alegret

(1)  Reglamento interno “Del Espíritu y de las Costumbres”, 125, (64).

Denuncia y anexos

Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 503.

“1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión,

[…]

2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

 

3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:

a) Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

[…]

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

[…]

c) Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima,

[…]

2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.”

 

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