Demanda contra el Magistrado-Juez CARLOS VICTORIANO CARRAMOLINO GÓMEZ, titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Tarragona, instando como pretensión principal la declaración de incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución (art. 5.1 LOPJ), requisito de procedibilidad exigido para hacer valer ante el Consejo General del Poder Judicial una presunta falta muy grave ex art. 417.1 LOPJ.

Procedimiento Juicio Verbal 10/2017-F, Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Tarragona.

Demanda

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“Malgrat els seus detractors, res sembla que pugui evitar el nomenament de Magí Ribas Alegret com a jutge del Tribunal Suprem de Catalunya.

Perseguit per l’Estat espanyol durant tres anys arran de denunciar públicament la corrupció judicial, i per aquest motiu exiliat, esdevé un cas únic a l’Europa de la Unió.

Visitant assidu de N.Y. University School of Law i Fordham University, on preparà la seva petició d’asil, mentre romangué a Nova York baix la protecció nord-americana i de l’ACNUR, Ribas Alegret va conèixer a la jutge Sonia Sotomayor, actualment al Tribunal Suprem federal, també experta en independència judicial.

Imatge: Petició d’asil conforme a la Convenció de Ginebra.”

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Christian Cotten, palabras vehículo de verdad, en un país, Francia, donde aún hay esperanza, son predicables igualmente de Juzgados y Tribunales españoles opusinos:

“Les évidences de crime commis en bande organisée dans un cadre protecteur de solidarité tribale au sein des institutions de l’État sont terrifiantes pour tout citoyen qui en prend connaissance.

Tout autant terrifiante est l’attitude et les résultats obtenus par l’institution judiciaire et par l’Agent Judiciaire de l’État en application du logiciel OMERTA : solidarité tribale et clanique, loi du silence, condamnation des victimes qui réclament justice et réparation, maquillage des autopsies, des exhumations, des expertises, des tests ADN… Ne pas faire de vagues, rendre service au collègue de la fonction publique et assimilé dans l’ennui d’une erreur ou d’un gros dérapage, profiter de son pourcentage sur le chiffre d’affaires…

Ce logiciel OMERTA, utilisé pour des milliers de dossiers de violences judiciaires sur des victimes démunies ne peut plus être accepté par les citoyens d’un État de droit d’une République démocratique. La liste des corruptions et forfaitures de trop de magistrats est beaucoup trop longue pour rester tolérable.”

“Merci à tous ceux qui luttent contre les trafics d’influence judiciaires dans de multiples dossiers de se mobiliser, nous avons besoin de vous. Merci notamment aux policiers, gendarmes et militaires qui savent à quel point les institutions de la République sont instrumentalisées par des clans criminels qui s’autoprotègent. Je ne leur apprends rien, c’est l’inverse, merci à eux de leurs précieuses informations.”

 

* François Hollande, la justice est une “institution de lâcheté.

 


1. Garantías para hacer efectivo el derecho fundamental a la independencia judicial y al proceso debido.

 

1.1. Elección del Consejo General del Poder Judicial por los Jueces y Magistrados.

1.2. Declaración de pertenencia de jueces, magistrados, fiscales y demás personal judicial al Opus Dei, y a cualquier organización que genere vínculos de disciplina u obediencia.

1.3. Supresión de jueces sustitutos y magistrados suplentes.

 

2. Medidas para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de jueces, magistrados, fiscales y demás funcionarios judiciales.

 

2.1. Atribución al conocimiento del Tribunal del Jurado de las causas por delitos y faltas cometidas por personal judicial en el ejercicio de sus funciones.

2.2. Pena de prisión para todos los delitos perpetrados por personal judicial en el ejercicio de sus funciones.

2.3. Transparencia y mejora de eficacia en la depuración de responsabilidad disciplinaria del personal judicial.

 

3. Carrera Judicial y Fiscal.

 

3.1. Edad mínima de 40 años para el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

3.2. Ingreso en las carreras judicial y fiscal por concurso de méritos sometido a escrutinio público. Supresión de las oposiciones.

3.3. Superación de prueba de aptitud física y psicológica por jueces, magistrados, fiscales y demás personal judicial, antes de tomar posesión y, posteriormente, cada dos años.

 

4. Lucha contra la corrupción judicial.

 

4.1. Declaración de bienes e intereses patrimoniales de jueces, magistrados, fiscales y demás personal judicial, antes de tomar posesión y, posteriormente, cada dos años.

4.2. Transparencia en la designación de peritos judiciales.

4.3. Supresión de la representación procesal a cargo de Procurador de los Tribunales.

4.4. Supresión del depósito para recurrir.

4.5. Limitación del mandato de puestos de nivel superior de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial a dos años, prorrogables una sola anualidad.

 

*Magí Ribas Alegret – Fondation Europe Justice

 

“La independencia judicial constituye un derecho humano fundamental, un derecho de la persona cuya realización deviene condición sine qua non para actuar los demás derechos”

El conocimiento jurídico acoge un número considerable de conceptos. Algunos revisten especial importancia y sin duda, la independencia judicial se cuenta entre ellos. En su vertiente colectiva o institucional alude a la relación del Poder Judicial con los otros Poderes del Estado. La dimensión individual designa el deber del Juez de ejercer su potestad libre de influencias extrañas, sometido únicamente al Derecho.

La trascendencia atribuida a la independencia judicial encuentra un triple fundamento. Primeramente, su carácter de presupuesto de imparcialidad de la actuación judicial. En segundo término, los estrechos vínculos con parámetros básicos. A este propósito, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha declarado la incidencia significativa de un poder judicial independiente e imparcial en el nivel de respeto de los derechos humanos en general. La relación causal prosigue por cuanto el respeto a los derechos humanos determina la calidad de una democracia. Se ha llegado incluso a afirmar que la solidez de un sistema jurídico depende del grado de independencia e imparcialidad de sus jueces. Pero al mismo tiempo, la independencia judicial constituye un derecho humano fundamental, un derecho de la persona cuya realización deviene condición sine qua non para actuar los demás derechos.

En línea con lo expuesto, es necesario dar la voz de alarma ante la frecuencia y gravedad de los ataques contra jueces, aún en países de larga tradición democrática. La organización no gubernamental Centro para la Independencia de Jueces y Abogados (Ginebra), ha informado que durante el periodo comprendido entre marzo de 1997 y febrero de 1999, 876 juristas sufrieron represalias a resultas del cumplimiento de sus obligaciones profesionales. La casuística registra asesinatos, desapariciones, incoaciones arbitrarias de procesos penales, detenciones ilegales, torturas, agresiones físicas, amenazas y sanciones disciplinarias.

Aunque la mayoría de ordenamientos contienen un reconocimiento expreso de la independencia judicial, el constante incremento de agresiones a jueces pone de manifiesto dos extremos preocupantes. Por una parte, la ineficacia de los mecanismos de protección, y por otra, la responsabilidad de los Estados donde esos hechos acontecen, bien porque los ataques procedan de individuos que ejercen funciones públicas, bien por la propia inoperancia de las garantías.

Consciente de esta problemática, la Comisión de Derechos Humanos le ha venido prestando atención creciente, aprobando en 1994 el mandato de un relator especial con amplias facultades de promoción y encuesta. No obstante, avanzar en la protección supranacional de la independencia judicial exige la creación de organismos específicos, con ámbito regional y recursos suficientes.

Otro destacado instrumento de tutela internacional reside en el casi universal Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados (1951). De acuerdo con dicho texto, podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Por tanto, es claro que la defensa de la independencia judicial constituye opinión política en el sentido del Convenio, originando el derecho al reconocimiento como refugiado por cualquiera de los Estados parte.

Para concluir este breve apunte sobre la independencia judicial, debemos remarcar el carácter subsidiario de la intervención supranacional, lo cual hace prioritario que cada Estado establezca fórmulas efectivas de protección de sus jueces. Sólo así podrá evitarse que la presente realidad trascienda y las soluciones terminen por venir desde fuera.

 Fuente: BOLETIM, revista del Colegio de Abogados Portugueses (N.º 9, Mayo/Junio 2000)

 

* Publicado durante el exilio, Magí Ribas Alegret, Juez instructor del sumario Simms, denuncia la persecución que sufre en España por su defensa de la independencia judicial y contra la corrupción judicial.

 

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella por prevaricación contra el Magistrado-Juez Baltasar Garzón. Aviso para navegantes. Uno, compromiso de Carlos Dívar en el solemne acto de Apertura de Tribunales, dando respuesta al clamor unánime del pueblo harto de impunidad, “todo Juez que viole el deber de independencia o el sometimiento al imperio de la Ley, o cause daños a terceros en el ejercicio de la jurisdicción, habrá de responder conforme a derecho y asumir la sanción penal, administrativa o la obligación de resarcimiento”. Dos, no hay Jueces intocables. Y tres, poniendo orden en casa, el Poder Judicial reafirma su autoridad moral para salvar al país de la corrupción endémica.

Pero la prevaricación imputada a Garzón resulta inidónea a estos fines de prevención general porque no encaja en la conducta que reprocha la conciencia social. Cosa distinta hubieran sido los 1,7 millones de dólares cobrados del Banco Santander por conferencias y luego rechazar una denuncia contra la entidad, querella archivada casi por acto reflejo. El Supremo rehuye la pena de prisión cuando de Jueces se trata, ponderando el daño que causaría a la credibilidad de la Justicia. Casos recientes lo confirman, la absolución de Antonio Vicente Fernández de dos delitos de cohecho castigados con cuatro años de cárcel, o en el sumario Malaya, rebajar a Francisco Javier de Urquía los dos años por cohecho a suspensión y multa.

Tampoco basta con enjuiciar a un juez estrella para demostrar que la responsabilidad penal existe. Ubi pus ubi evacua, debe aumentarse la eficacia represora de los delitos cometidos por Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones. Apartar las manzanas podridas y repoblar el escalafón con juristas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y alta integridad moral.

Last but not least, la admisión de la querella se funda en la falta de competencia para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Un marco legal “modelo de impunidad”, cerrado en falso durante la Transición, mantiene abierta la herida de media España, la que perdió la guerra. Sin proponérselo, la decisión del Alto Tribunal puede desencadenar el tan necesario proceso hacia verdad, justicia y reparación, al tiempo que devenir Jordán purificador para Garzón, candidato a esa canonización laica llamada Nobel.