CORRUPCIÓN JUDICIAL


Diligencia de la Policía Judicial Guardia Civil de Sitges:

“Que a las 21.45 horas del día de la fecha [8.10.1997], se recibe llamada telefónica dimanante de la dirección del Hotel xxx de esta localidad, informando de que tenían en su poder la llave de la maleta propiedad del fallecido PETER SIMMS, por lo que se traslada una patrulla de este Puesto hasta el hotel recogiendo la llave, la cual entregan al Instructor de las presentes, quedando la misma depositada en estas dependencias.”

Declaración del acompañante ante el Juez Forense británico, 16.01.1998:

“I then went back to the hotel. On looking througt Peter’s cloting. I located the key to Peter’s suitcase in the leg of a pair of his trousers.
The next morting I went back to the Police station with the key. The Judge informed the Police that the case could be opened, which was then done. All of Peter’s property was then listed down, including his passport and wallet. I then signed a statement verifying the listed contents.”

(Luego regresé al hotel. Buscando en la ropa de Peter encontré la llave de su maleta en la pernera de su pantalón.
La mañana siguiente fui al puesto de la Guardia Civil con la llav. El Juez autorizó a la Policía a abrir la maleta y procedieron a ello. Todas las pertenencias de Peter fueron enumeradas, incluyendo pasaporte y billetera. Luego firmé una declaración de conformidad con el contenido.)

Habida cuenta la alarmante discrepancia de ambas versiones, cabría PREGUNTAR al exfiscal JOSÉ MARÍA DE MENA ÁLVAREZ*, entonces Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña:

¿QUÉ HABÍA EN LA MALETA?

*Invitado a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya el pasado 19.06.2017.

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No debería ser complicado demostrar que los jueces que pusieron en libertad provisional bajo fianza al presunto narcotraficante Carlos el Negro, pocos días antes de ser juzgado por delitos por los que se le pedían 60 años de prisión y 69.000 millones de pesetas de multa, incumplieron como mínimo sus obligaciones profesionales. De acuerdo con la ley de probabilidades, el acusado se dio a la fuga de inmediato. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer remitir el caso al fiscal general para que considere la posible existencia de un delito y someterlo también a su comisión disciplinaria para que determine si hubo negligencia culpable.

La decisión de los tres magistrados resulta literalmente incomprensible. El riesgo de fuga era evidente, pero los jueces dedujeron por su cuenta que la depresión que, según el informe psiquiátrico, padecía el acusado neutralizaba ese riesgo. El antecedente más conocido es el del mafioso Antonio Bardellino, fugado en 1984, pero ya entonces se comprobó la dificultad de probar un posible delito de prevaricación -dictar a sabiendas una resolución injusta- cuando no existe reiteración en la actuación judicial.

El Consejo no se pronuncia sobre la eventual existencia de un delito de ese tipo, pero la remisión al fiscal general indica que no lo descarta. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que esa remisión se realizará cuando el Consejo considere que un juez o magistrado ‘ha realizado en el ejercicio de su cargo un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta’. Será la fiscalía, por tanto, quien valorará la eventual dimensión penal de los resultados de la inspección del Consejo.

De los datos conocidos es imposible no deducir indicios de lo que en cualquier oficio se consideraría grave negligencia profesional. Incluso si el informe psiquiátrico -sobre el que Instituciones Penitenciarias también ha abierto una investigación- hiciera inexcusable liberar al preso, tendrían que haberse tomado las precauciones obvias: una fianza mayor, control diario -y no quincenal- del reo, comprobación del domicilio indicado y vigilancia del mismo, como había pedido el fiscal. Que un comportamiento así quedase impune, con la excusa de que no está expresamente contemplado entre los motivos de responsabilidad disciplinaria, tendría un efecto letal para la credibilidad de la justicia. La discrecionalidad del juez no equivale a arbitrariedad y, desde luego, no ampara la incompetencia. Y para evitarlo está el órgano de gobierno de los jueces.

El País, 4.01.2002, Opinión.

“SOLICITO AL CONSEJO: Que por deducido este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por formulada DENUNCIA contra los Magistrados de la Audiencia Provincial de Tarragona, D. ANTONIO CARRIL PAN, Dª. MARÍA DEL PILAR AGUILAR VALLINO, D. MANUEL DÍAZ MUYOR, D. GUILLERMO ARIAS BOO, D. JOAN PERARNAU MOYA, y D. MANUEL GALÁN SÁNCHEZ., y previos los trámites legales oportunos, acuerde depurar las responsabilidades disciplinarias que correspondan.

OTROSÍ DIGO PRIMERO. DEDUCCIÓN DE TESTIMONIO. Dispone el art. 409 LOPJ, “Cuando el Consejo General del Poder Judicial […] considere que un Juez o Magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo podrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la acción penal”; consecuentemente,

SOLICITO: Comunique las referidas conductas al Ministerio Fiscal para que entable la acción penal contra los Magistrados implicados.”

DENUNCIA MAGISTRADOS AP TARRAGONA AL CGPJ

Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera:

Antonio Carril Pan, Presidente
María del Pilar Aguilar Vallino
Manuel Díaz Muyor

Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Tercera:

Guillermo Arias Boo, Presidente
Joan Perarnau Moya
Manuel Galán Sánchez

Reunidos en Junta Sectorial de Magistrados del Orden Civil el 7 julio 2014, los Magistrados consignados al margen acordaron por unanimidad unificar criterios en materia de intereses moratorios abusivos en contratos, con incumplimiento flagrante de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

El Acuerdo fue recurrido ante el Consejo General del Poder Judicial.

Acuerdos impugnados

Recurso de alzada ante CGPJ

Christian Cotten, palabras vehículo de verdad, en un país, Francia, donde aún hay esperanza, son predicables igualmente de Juzgados y Tribunales españoles opusinos:

“Les évidences de crime commis en bande organisée dans un cadre protecteur de solidarité tribale au sein des institutions de l’État sont terrifiantes pour tout citoyen qui en prend connaissance.

Tout autant terrifiante est l’attitude et les résultats obtenus par l’institution judiciaire et par l’Agent Judiciaire de l’État en application du logiciel OMERTA : solidarité tribale et clanique, loi du silence, condamnation des victimes qui réclament justice et réparation, maquillage des autopsies, des exhumations, des expertises, des tests ADN… Ne pas faire de vagues, rendre service au collègue de la fonction publique et assimilé dans l’ennui d’une erreur ou d’un gros dérapage, profiter de son pourcentage sur le chiffre d’affaires…

Ce logiciel OMERTA, utilisé pour des milliers de dossiers de violences judiciaires sur des victimes démunies ne peut plus être accepté par les citoyens d’un État de droit d’une République démocratique. La liste des corruptions et forfaitures de trop de magistrats est beaucoup trop longue pour rester tolérable.”

“Merci à tous ceux qui luttent contre les trafics d’influence judiciaires dans de multiples dossiers de se mobiliser, nous avons besoin de vous. Merci notamment aux policiers, gendarmes et militaires qui savent à quel point les institutions de la République sont instrumentalisées par des clans criminels qui s’autoprotègent. Je ne leur apprends rien, c’est l’inverse, merci à eux de leurs précieuses informations.”

 

* François Hollande, la justice est une “institution de lâcheté.

 

Me afirmo y ratifico en lo manifestado, existen indicios racionales de fraude electoral en las elecciones del 26 de junio, y corresponde al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia la investigación urgente de los hechos, con adopción de la medida cautelarísima de suspensión de la atribución de escaños.

Suscribo la entrada publicada hoy en el blog Ataque al poder (1).

Por lo demás, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General encomienda a las Juntas Electorales Provinciales el escrutinio general, el cual incluye la apertura de sobres  de cada mesa y la anotación de sus resultados (art. 105), una garantía esencial de la limpieza electoral que viene reforzada al atribuir la presidencia y una vocalía a miembros del Poder Judicial, en el caso de elecciones generales, magistrados de la Audiencia Provincial respectiva, y la Secretaría a una Letrada judicial del mismo órgano.

Así las cosas, aquellos servidores públicos que incumplieron tan crucial deber de garantes, omitiendo la verificación ordenada por la Ley, deben pechar con las graves consecuencias civiles, penales y disciplinarias que ello comporta.

(1) https://ataquealpoder.wordpress.com/2016/09/01/fraude-electoral-aqui-te-pillo-aqui-te-mato-1/

* Ponencia presentada en el I Encuentro Nacional de Profesionales, Familiares y Exmiembros de Sectas, 6-7 marzo 2015 Barcelona.

Sumario

La organización Prelatura del Opus Dei está declarada secta por el Parlamento belga, en base a los mismos criterios que la Asamblea Nacional francesa, a los cuales nos remitimos.

Según Santiago Vidal, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, un tercio del escalafón judicial pertenece al Opus Dei.

Esta estimación debe ser matizada en dos aspectos: Primero. La distribución territorial no es uniforme, en algunos tribunales o partidos judiciales la presencia de adeptos a esta secta puede ser mucho mayor. Segundo, la incidencia numérica no es determinante. Los rasgos del colectivo  –corporativismo, endogamia, acceso por cooptación–, hacen posible que unos pocos jueces Opus se impongan frente a los restantes no miembros sin encontrar oposición.

CONCLUSIONES

1. El estatuto judicial se caracteriza por las notas de independencia e imparcialidad, con sometimiento único a la ley y al Derecho, tal como recuerda el art. 117.1 CE, mientras que en la secta Opus Dei imperan vínculos intensos de disciplina y obediencia. Por tanto, la pertenencia a la Judicatura y a la Prelatura del Opus Dei resulta absolutamente incompatible.

2. El Poder Judicial controlado por la secta Opus Dei quiebra el Estado de Derecho.

SECRETO. ¿Qué papel juega? Constituye un medio crucial para que la situación pase inadvertidad y perdure.

La propia Santa Sede ordena, “Todos los miembros del Opus Dei –tanto los sacerdotes incardinados en la prelatura como los laicos a ella canónicamente vinculados con un contrato como numerarios, agregados y supernumerarios, como los sacerdotes no incardinados en la prelatura pero asociados a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz (entidad intrínsecamente unida a la Prelatura)–, están obligados a evitar el secreto y la clandestinidad…: preguntados legítimamente acerca de su pertenencia, tienen por tanto el deber de manifestarla”.

La Constitución española prohíbe las asociaciones secretas (art. 22.5), y asimismo el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 11) ratificado por el Estado español.

No obstante tales prohibiciones, los textos fundacionales del Opus Dei imponen el secreto. Así, Reglamentos de la Pía Unión (1942), Constituciones del Instituto Secular de Derecho Pontificio (1950) y Estatutos de la Prelatura del Opus Dei (1982). Por norma, la secta Opus Dei oculta la identidad actuando a través de personas interpuestas: asociaciones, fundaciones, sociedades civiles y mercantiles, y testaferros, y sus adeptos mantienen secreta la pertenencia.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

1. Dar cumplimiento al Acuerdo aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión de 25 julio 2000, sobre propuestas de reforma de la Justicia, que no llegó a aplicarse, del siguiente tenor:

“Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en servicio activo, no podrán pertenecer ni a organizaciones secretas o que funcionen sin transparencia pública, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que puedan generar vínculos de disciplina u obediencia ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico constitucional.”

2. Hacer efectivos los fines asumidos por los defensores de los derechos humanos, “Verdad, Justicia y Reparación”, a través de tres actuaciones básicas:

Identificar, desenmascarar a los adeptos de la secta amparados por el secreto, instando la declaración de pertenencia.

Defender el derecho fundamental a un Tribunal independiente e imparcial reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros, mediante la recusación.

Exigir responsabilidades, penales, civiles y disciplinarias, frente al juez implicado, el Estado español, la Prelatura del Opus Dei, y la Santa Sede.

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