CGPJ


 

Numerosos Magistrados, declarados en situación de servicios especiales, desempeñan puestos de nivel superior de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, donde pueden permanecer un periodo máximo de diez años. Tal es el caso de su Secretario General, Celso Rodríguez Padrón, promovido recientemente a la Audiencia Provincial de Madrid. Duración a todas luces excesiva, por cuanto el destino natural de Jueces y Magistrados es ejercer jurisdicción, no tareas administrativas. En consecuencia, urge limitar estos cargos a dos años, prorrogables una sola anualidad, porque de poco serviría la renovación del Consejo si la “nomenclatura” sigue petrificada. El tan esperado cambio de la Justicia debe comenzar por Marqués de la Ensenada 8.

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno del Poder Judicial, existe y se justifica en la exclusiva finalidad de garantizar la independencia de Jueces y Magistrados en el ejercicio de la potestad juridiccional, sometidos únicamente al imperio de la ley.

Por cuanto dicha garantía opera erga omnes, incluido el Poder Legislativo, la elección del CGPJ a cargo del Parlamento y consiguiente traslado mimético de las cuotas imperantes, subvierte el fundamento de la institución.

Una simple previsión de la Ley Orgánica del Poder Judicial –desoída la advertencia del Tribunal Constitucional– ha bastado. Por obra y gracia de poner fin a la separación de poderes o reductio ad unum en versión Gobierno-mayoría parlamentaria-CGPJ, asistimos inermes al retorno de la “Justicia del Principe”. Los conocidos males de nuestra Administración de Justicia no son sino la consecuencia: politización en todas sus dimensiones, escasa credibilidad, corrupción, impunidad. Con estos mimbres, el nuevo Consejo no permite abrigar esperanzas, a lo sumo, más de lo mismo.