Más del 30% de Administradores de comunidades en régimen de propiedad horizontal “aplican el sistema de «cuenta única», consistente en que todas las administradas, entre decenas y varios cientos, operan a través de la cuenta bancaria del profesional, donde tienen lugar ingresos y pagos. Dicha práctica comporta graves perjuicios”.

“Constituyen conductas de explotación abusiva, (i) apropiación del interés devengado por los depósitos; (ii) desviación de esos fondos a comunidades deficitarias, sin conocimiento de los aportantes, asociado al incumplimiento del límite anual por gasto extraordinario; (iii) disposición para uso particular, en compra de carteras de comunidades –retroalimenta la posición dominante–, especulación inmobiliaria o financiera; y (iv) elusión de controles de la gestión.

Las empresas que se sirven de cuenta única, debido a las ilícitas ventajas inherentes, registran un tamaño, volumen de negocio (número de comunidades administradas, magnitud) y expansión muy superiores a las que no lo utilizan, con el resultado de restringir la competencia vía economías de escala, tanto en la entrada al mercado (costes de establecimiento) como a su permanencia, además de generar competencia desleal.

Esta práctica afecta al mercado interior, siendo el nacional parte sustancial del mismo, pero también por la repercusión directa sobre ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea residentes en España, 1.777.989, hogares donde la vivienda en propiedad alcanza el 41,7%.”

La denuncia ante DG Competencia de la Comisión Europea, registrada el 9 noviembre 2018, considera que la cuenta única, prima facie, incurre en conductas prohibidas en los arts. 101 y 102 TFUE, determinantes de vulneración de la competencia.

Denuncia PDF

Registro PDF

Anuncios

El recurso descansa en dos premisas incontrovertibles. Por una parte, la legalidad española, con origen en el Decreto de 16 enero 1716, sobre Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, dictado por el Rey Felipe V invocando el derecho de conquista. Y por otra, la legalidad consiguiente a la Declaración Unilateral de Independencia proclamada por el Parlament de Catalunya el 27 octubre 2017, que según el Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Kosovo, es conforme al Derecho Internacional general.

“Dispone el art. 134.2 LEC, podrán “interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora”. El supuesto de hecho comprende los elementos,

A) FUERZA MAYOR. Partimos de la definición normativa de fuerza mayor ex art. 1.105 CC, “aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”, requisitos de imprevisibilidad o irresistibilidad utilizados por la jurisprudencia (por toda, Roj: ATS 9725/2017, ATSJ CAT 359/2017). En efecto, la declaración de independencia de Cataluña y sus consecuencias reúnen claramente los caracteres de fuerza mayor, no eran previsibles y como acontecimiento histórico tampoco evitables. Puesto que la ley no distingue, nada empece que la fuerza mayor tenga carácter general.

B) ALCANCE. La causa debe imposibilitar el cumplimiento de los plazos. Pero a raíz del proceso de secesión abierto con la declaración unilateral de independencia, el grave conflicto entre República Catalana y Reino de España proyecta esa doble legalidad no solo a los actos de parte susceptibles de preclusión, sino a toda la actividad desarrollada por la planta judicial en el territorio, menoscabando de forma irreparable la seguridad jurídica, cuando además, únicamente el nuevo marco garantiza la independencia judicial.
Así las cosas, a la luz de la finalidad del proceso cual es el cumplimiento de la función jurisdiccional ejercida con todas las garantías, de acuerdo al art. 134.2 LEC, procede acordar la suspensión mientras persista la coyuntura de fuerza mayor que impide su válida continuidad.”

Recurso directo de revisión de 3.07.2018 PDF

Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, Procedimiento Prueba anticipada antes de demanda 225/2017-F.

Diligencia de Ordenación de 25.05.2018, Letrado de la Administración de Justicia D. RAFAEL HUERTA GARCÍA,

“y visto que la solicitud de beneficio de asistencia jurídica gratuita es de fecha 29-06-18 y la notificación del auto de fecha 16-05-15 a la parte actora es de fecha 23-05-17 no ha lugar a lo solicitado en el escrito de dicha procuradora por preclusión del plazo para apelar.”

Solicitud de rectificación de errores materiales manifiestos,

“Habida cuenta que el Auto de 16 mayo 2017 (erróneamente indica 2015) no fue notificado el 23 sino el 24 mayo 2017, y la solicitud de asistencia jurídica gratuita tuvo entrada en el Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta el 15 junio 2017, tampoco el 29 junio 2018, es claro, subsisten cinco días del plazo legal de veinte atribuido al recurso de apelación.”

Diligencia de Ordenación de 25.05.2018,

Cuanto antecede, unido a la subsiguiente represión policial durante la jornada electoral, intervención de la Generalidad, persecución, encarcelamiento y exilio del Presidente, miembros del Gobierno, diputados, otros cargos electos, funcionarios y defensores de derechos humanos, en un contexto de quiebra de la independencia judicial, harto denostada por organismos internacionales, conforman fuerza mayor de notoria gravedad con repercusión bastante sobre la válida continuación del proceso.

Previene el art. 134.2 LEC, ”[p]odrán […] interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás”.

Solicitud de suspensión por fuerza mayor PDF

Decreto de 13.04.2018, que desestima la petición PDF

Solicitud para subsanar Decreto PDF

Tras veinte años de lucha contra la corrupción judicial que corroe España, tres de ellos desde el exilio, y acosado por el Estado a mi regreso, hay luz al final del túnel.

De acuerdo con el Derecho extranjero, singularmente la legislación de Estados Unidos de América, inter alia, “Alien Tort Claims Act”, “Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act” y la reciente “Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption” (20.12.2017), será posible poner fin a la impunidad de jueces, fiscales y demás funcionarios de justicia, adoptando medidas para hacer efectivos los principios de memoria, verdad, justicia y reparación.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/

 

Opus Dei (*) infiltrates the Spanish legal system: two thirds of judges and eight of out ten prosecutors maintain secrets bonds with this organization, which denies the fundamental rights to «due process» and to an independent and impartial tribunal recognized by the international treaties.

As human rights lawyer and activist against judicial corruption, I present this proposal for building a database of contrasted information on judges, prosecutors and other officials of the Justice Administration under Opus Dei’s influence, in order to makes them public and provide the evidence for recusal.

(*) Prelature of the Opus Dei (Work of God) is a part of the Roman Catholic Church, developed to the heat of the Franco regime, that since then control the deep State. Declared a sect by the Belgian Parliament, his abuses include recruitment of minors, privacy and freedom of conscience violations, assets incorporation, corporal mortifications through wear the cilice, flagellations, sleeping on the floor, and more.

https://www.gofundme.com/disclosing-opus-deis-judges

Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 6.1, “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída por un tribunal independiente e imparcial”.

Escrito de recusación y anexos (PDF).