El acceso a la Carrera Judicial por el llamado “cuarto turno”,  categoría de Magistrado, tiene lugar según el Orden Jurisdiccional. Se reserva una vacante de cada cuatro para juristas de reconocida competencia y más de diez años de ejercicio profesional, que superen el concurso de méritos y el curso de formación (art. 311.1 LOPJ).

También aquí, “[e]l ingreso en la carrera judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional. 2. El proceso de selección […] garantizará, con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional” (art. 301.1 LOPJ).

El concurso se compone de una fase de valoración de los méritos relacionados con el orden jurisdiccional al que se refiere la convocatoria, conforme al baremo del art. 313.2 LOPJ, y la realización de un dictamen.

Para la valoración de estos méritos, el Tribunal calificador podrá convocar a los candidatos a una “entrevista, de una duración máxima de una hora, en la que se debatirán los méritos aducidos por el candidato y su currículo profesional. La entrevista tendrá como exclusivo objeto el acreditar la realidad de la formación jurídica y capacidad para ingresar en la Carrera Judicial aducida a través de los méritos alegados, y no podrá convertirse en un examen general de conocimientos jurídicos” (art. 313.7 LOPJ). Los “méritos profesionales que se pongan de manifiesto con ocasión de la entrevista” sólo podrán aumentar o disminuir la puntuación inicial en un porcentaje máximo, a fijar en la convocatoria junto a la forma de valorar dichos méritos. Se levantará acta del contenido y del resultado de la entrevista, con expresión de los criterios aplicados (art. 313.8 y 9 LOPJ).

El Tribunal de las pruebas selectivas será nombrado por el CGPJ, estará presidido por el Presidente del Tribunal Supremo o Magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia en quien delegue, y serán vocales: dos Magistrados, un Fiscal, dos catedráticos de universidad designados por razón de la materia o, cuando no sea posible, profesores titulares, un abogado con más de diez años de ejercicio profesional, un Abogado del Estado, un Secretario Judicial de primera categoría y un miembro de los órganos técnicos del CGPJ, licenciado en Derecho, que actuará como Secretario.

Los candidatos podrán ser excluidos, a) por no concurrir en ellos la cualidad de jurista de reconocida competencia; b) por insuficiencia o falta de aptitud deducible de los datos objetivos del expediente; y c) por existir circunstancias que supongan un demérito incompatible con aquella condición, aún cuando hubiese superado, a tenor del baremo fijado, la puntuación mínima exigida. Las bases establecerán el procedimiento a seguir por el Tribunal calificador, que motivará el acuerdo por separado a la propuesta, y se notificará al interesado por el CGPJ (art. 313.10 y 11 LOPJ).

La propuesta favorable del Tribunal no vinculará al CGPJ, que podrá de forma motivada rechazar a un candidato, previa audiencia, siempre que con posterioridad “se haya tenido conocimiento de alguna circunstancia que suponga un demérito insuperable”.

Las bases establecerán las “previsiones necesarias para que el Tribunal calificador pueda tener conocimiento de cuantas incidencias hayan podido afectar a los concursantes durante su vida profesional y que pudieran tener importancia para valorar su aptitud para el desempeño de la función judicial” (art. 313.6 LOPJ).

Ilustraremos la aplicación de esta normativa con un ingreso en la anterior convocatoria, concerniente a D. CARLOS VALERIANO CARRAMOLINO GÓMEZ, nombrado por Real Decreto 402/2010, de 26 de marzo, B.O.E. 22.04.2010.

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR (B.O.E. 26.03.2009)

Presidente: Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrado del Tribunal Supremo; Vocales: Antonio García Paredes, Magistrado; Rosa María de Castro Martín, Magistrada; Antonio Gil García, Fiscal; Laura Gázquez Serrano, Titular de Universidad del Área de Derecho Civil; Pía Calderón Cuadrado, Catedrática de Universidad del Área de Derecho Procesal; Ana Sanz Cid, Abogada; Rafael Urtasun Amann, Abogado del Estado; Julián Pedro González Velasco, Secretario Judicial de la primera categoría; Vocal-Secretario: Eduardo Muñoz de Baena Simón, Letrado del CGPJ.

A. MÉRITOS

a) Título de Licenciado en Derecho.

b) Título de Doctor en Derecho.

Tesis: “Privilegios y garantías inmobiliarias a favor de la Hacienda Pública: (problemas de prelación substantiva y rango registral), Director Rafael Ballarín Hernández, Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, 2000.

c) Años de ejercicio efectivo de la abogacía ante los Juzgados y Tribunales, dictámenes emitidos y asesoramientos prestados.

Inscrito en el Colegio de Abogados de Valencia desde 25.02.1999 hasta 2010, que pasa a la situación de no ejerciente.

d) Años de servicio efectivo como catedráticos o como profesores titulares de disciplinas jurídicas en universidades públicas o en categorías similares en universidades privadas, con dedicación a tiempo completo.

“Profesor de Derecho Civil del Centro Universitario de Estudios Jurídicos San Pablo-CEU”. (Inicio se desconoce, en 2008 publica un artículo doctrinal con esta actividad).

Con la creación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, el año 2000, este centro se integra en su Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas; renuncia en enero de 2010, al acceder a la Magistratura).

g) Publicaciones científico-jurídicas.

Artículos en revistas:

“Hipoteca legal tácita y crédito singularmente privilegiado: (una breve reflexión a propósito de la resolución de 3 de abril de 1998)”, Revista General de Derecho (Valencia), N.º 649-650, 1998, págs. 12729-12744.

“Sobre la constancia en el asiento de anotación del carácter preferente de la carga anotada: (resolución de 15 de enero de 1997)”. Revista General de Derecho (Valencia), N.º 640-641, 1998, págs. 531-544.

Colaboraciones en obras colectivas:

“Estudios de Derecho Inmobiliario Registral en homenaje al profesor Celestino Cano Tello”, coordinado por Mario Enrique Clemente Meoro, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2002, págs. 61-88.

“Adquisición y pérdida de los derechos reales (II) Curso básico de derechos reales”, coordinado. por Juan Manuel Llopis Giner, Ed. Práctica de Derecho, Valencia, 2006, págs. 85-100.

h) Ponencias y comunicaciones en congresos y cursos de relevante interés jurídico.

Director del Máster de Mediación impartido por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

B. ENTREVISTA DE ACREDITACIÓN DE MÉRITOS

C. DICTAMEN

 “Elaboración de un dictamen que permita al tribunal valorar la aptitud del candidato” (art. 313.3 LOPJ).

En conclusión, el proceso selectivo regulado por la LOPJ para el acceso a la Carrrera Judicial por el cuarto turno no satisface el imperativo general de transparencia, se desarrolla a puerta cerrada, haciendo imposible un necesario escrutinio público garantia de objetividad e igualdad en la provisión de vacantes. Así, respecto al concurso y dictamen sólo se dan a conocer los resultados finales.

* Los datos proceden de fuentes de acceso abierto, carecen de exhaustividad y serán completados con las aportaciones de los lectores tras su debida comprobación.

 

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Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 503.

“1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión,

[…]

2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

 

3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:

a) Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

[…]

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

[…]

c) Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima,

[…]

2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.”

 

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Christian Cotten, palabras vehículo de verdad, en un país, Francia, donde aún hay esperanza, son predicables igualmente de Juzgados y Tribunales españoles opusinos:

“Les évidences de crime commis en bande organisée dans un cadre protecteur de solidarité tribale au sein des institutions de l’État sont terrifiantes pour tout citoyen qui en prend connaissance.

Tout autant terrifiante est l’attitude et les résultats obtenus par l’institution judiciaire et par l’Agent Judiciaire de l’État en application du logiciel OMERTA : solidarité tribale et clanique, loi du silence, condamnation des victimes qui réclament justice et réparation, maquillage des autopsies, des exhumations, des expertises, des tests ADN… Ne pas faire de vagues, rendre service au collègue de la fonction publique et assimilé dans l’ennui d’une erreur ou d’un gros dérapage, profiter de son pourcentage sur le chiffre d’affaires…

Ce logiciel OMERTA, utilisé pour des milliers de dossiers de violences judiciaires sur des victimes démunies ne peut plus être accepté par les citoyens d’un État de droit d’une République démocratique. La liste des corruptions et forfaitures de trop de magistrats est beaucoup trop longue pour rester tolérable.”

“Merci à tous ceux qui luttent contre les trafics d’influence judiciaires dans de multiples dossiers de se mobiliser, nous avons besoin de vous. Merci notamment aux policiers, gendarmes et militaires qui savent à quel point les institutions de la République sont instrumentalisées par des clans criminels qui s’autoprotègent. Je ne leur apprends rien, c’est l’inverse, merci à eux de leurs précieuses informations.”

 

* François Hollande, la justice est une “institution de lâcheté.

 

OTROSÍ DIGO SEGUNDO. DENUNCIA DE HECHOS CONEXOS. A través de la precitada petición de subsanación, otrosí segundo, “[e]n orden a mantener la continencia de la causa, por economía procesal y eficacia en la lucha contra la corrupción y criminalidad organizada, conforme establece el art. 759 LECrim”, insté a este Juzgado Central promover de oficio “cuestión de competencia frente al Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tarragona, reclamando el conocimiento de las Diligencias Previas 6432/2008 Sec. 4 para su acumulación”, habida cuenta cuanto sigue:

“Según la testigo Dª. VICTORIA ÁLVAREZ MARTÍN, en comparecencias ampliatorias ante la Oficina Antifraude de Cataluña el 4 y 12.03.2013, D. JORDI PUJOL FERRUSOLA adquirió la explotación de Puerto del Rosario (Argentina) invirtiendo “30 millones de euros”, 9 con origen en paraísos fiscales y los 21 millones restantes en el Puerto de Tarragona y en otras administraciones de la zona, controladas por Convergència i Unió. La operación “comenzó en 2004 y 2005 y se materializó en 2006”. (El Mundo, 12.02.2014, Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda, “Pujol Jr. compró Puerto Rosario con dinero público”). http://www.elmundo.es/cataluna/2014/02/12/52fa9b68268e3e06438b4577.html

En lo tocante a la referencia “otras administraciones de la zona”, el Ayuntamiento de Tarragona acordó la construcción del parking subterráneo Jaume I, un equipamiento inteligente adjudicado en 3,9 millones de euros y plazo de ejecución 24 meses, que 14 años después, no terminado, alcanza 30 millones de euros. Indicios de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude dieron lugar a las D.P. 6432/2008 Sec. 4 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tarragona, aún en curso.

El informe pericial encargado por el Juez al objeto de ”comprobar si las facturas coinciden con la obra ejecutada y el material instalado, y si los precios que se indican se corresponden con los de mercado” lo niega categóricamente, poniendo de relieve innumerables irregularidades. Así, precios de los contratos “incrementados respecto a las ofertas presentadas sin justificación alguna”, “conceptos de facturas duplicados”, las facturas disponibles “que figuran en autos como pagadas ascienden a 11,3 millones de euros”, “a las que habrá que añadir la multitud de partidas de las que no consta justificante”, esto es, 19 de los 30 millones que se gastaron no están justificados por ninguna factura, lo cual hace ”imposible saber el coste total del parking”. (La Vanguardia, 14.04.2016, Sara Sans, “El aparcamiento Jaume I, el agujero negro de Tarragona”). http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20160229/4085293702/aparcamiento-jaume-i-tarragona-informe-perito.html

La obra se adjudicó en noviembre de 2002, a finales del mandato municipal 1999-2003, ejecutándose entre 2003 y 2007 –casi en paralelo con la operación Puerto del Rosario (2004-2006)–, con Consistorios gobernados por el convergente D. JOAN MIQUEL NADAL MALÉ, Alcalde de Tarragona durante casi dieciocho años, ocho de ellos bajo investigación de la Fiscalía anticorrupción, y muy próximo a D. JORDI PUJOL FERRUSOLA.

Así las cosas, vista tanto la confluencia cronológica como la semejanza de cantidades en liza, a la luz de la información disponible, verificado que sea que los delitos del caso “Parking Jaume I” podrían constituir medio para perpetrar aquellos objeto de investigación en autos, concurrirá relación de conexidad  ex art. 17.3.º LECrim.”

No constando haberse proveído al respecto, de acuerdo al art. 259 LECrim,

SOLICITO AL MAGISTRADO-JUEZ INSTRUCTOR: Tenga por formulada denuncia de tales hechos a los efectos oportunos.”

(Extracto del recurso de reforma contra el Auto imponiendo fianza a la acusación popular en causa seguida contra Jordi Pujol Ferrusola, Juzgado Central de Instrucción núm. 5 Audiencia Nacional)

Me afirmo y ratifico en lo manifestado, existen indicios racionales de fraude electoral en las elecciones del 26 de junio, y corresponde al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia la investigación urgente de los hechos, con adopción de la medida cautelarísima de suspensión de la atribución de escaños.

Suscribo la entrada publicada hoy en el blog Ataque al poder (1).

Por lo demás, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General encomienda a las Juntas Electorales Provinciales el escrutinio general, el cual incluye la apertura de sobres  de cada mesa y la anotación de sus resultados (art. 105), una garantía crucial de la limpieza electoral que viene reforzada al atribuir la presidencia y una vocalía a miembros del Poder Judicial, en el caso de elecciones generales, magistrados de la Audiencia Provincial respectiva, y la Secretaría a una Secretaria judicial del mismo órgano.

Así las cosas, aquellos servidores públicos que incumplieron tan crucial deber de garantes, omitiendo la verificación ordenada por la Ley, deben pechar con las graves consecuencias civiles, penales y disciplinarias que ello comporta.

(1) https://ataquealpoder.wordpress.com/2016/09/01/fraude-electoral-aqui-te-pillo-aqui-te-mato-1/

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