“Siendo así que la Llei de transitorietat jurídica fue publicada el mismo día de aprobación, y en el referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre, el recuento oficial de votos a favor superó los votos en contra, el Pleno del Parlament reunido el 27 octubre 2017 proclamó la independencia (Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, Serie P, núm. 85).

Cuanto antecede, la brutal represión policial durante la consulta, intervención de la Generalitat, persecución y exilio del president Carles Puigdemont, consellers Antoni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsetí, Meritxell Serret, diputadas Marta Rovira y Anna Gabriel, cautiverio y juicio de la presidenta del Parlament Carme Forcadell, vicepresident Oriol Junqueras, consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Meritxell Borràs, líderes de Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y Omnium Cultural, Jordi Cuixart, otros electos, funcionarios y defensores de derechos humanos, en un contexto de estado de excepción de facto y quiebra de la independencia judicial, harto denostada por organismos internacionales, conforman fuerza mayor de notoria gravedad óbice a la válida continuación del proceso.”

Solicitud de suspensión por fuerza mayor, PDF.

Anuncios

Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 octubre 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial.

“[D]estacando en lo aquí tocante, (i) el principio de “necesaria publicidad de las actuaciones judiciales, que deberá cumplir al menos dos objetivos primordiales: proteger a los ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento públicos y mantener la confianza de la comunidad en los tribunales”; (ii) la finalidad de “[m]ejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial; (iii) los instrumentos “buenas prácticas procesales, [c]orrecto funcionamiento del Servicio Común de Registro y Reparto de las Oficinas judiciales”; “reforma de las normas procesales”, “que coadyuve a evitar la comisión de malas prácticas […] precisas para la correcta regulación del derecho de los litigantes […] a obtener copia de los documentos y actuaciones obrantes” en los pleitos donde participan.

[…]

Los hechos hablan por sí mismos sobre el interés legítimo de esta peticionaria. Baste recordar que las causas legales en la recusación de origen se basan en la vinculación de Juez y parte ejecutante con la organización ultracatólica PRELATURA DEL OPUS DEI, declarada secta por el Parlamento belga ( ), con una incidencia estimada entre un tercio ( ) y dos tercios del escalafón judicial, según órganos y lugar geográfico, lo cual justifica tanto extremar el celo en la sustanciación de estos procedimientos como reforzar el escrutinio a cargo de los intervinientes.

La ejecutante, ADAGIO, S.A.U. (socio único la inmobiliaria HOL DRAL, S.L., familia Alorda-Derksen), se extinguió por escisión total a favor de ATURA, S.L.U. y ADAGIO, S.L.U., de nueva creación, que luego absorbe a NUEVA LETUSA, S.L. y adquiere la denominación HOL MUSIC DRAL, S.L. […]”

Solicitud de acceso PDF

Acuerdo denegatorio PDF

Petición de revisión PDF

Más del 30% de Administradores de comunidades en régimen de propiedad horizontal “aplican el sistema de «cuenta única», consistente en que todas las administradas, entre decenas y varios cientos, operan a través de la cuenta bancaria del profesional, donde tienen lugar ingresos y pagos. Dicha práctica comporta graves perjuicios”.

“Constituyen conductas de explotación abusiva, (i) apropiación del interés devengado por los depósitos; (ii) desviación de esos fondos a comunidades deficitarias, sin conocimiento de los aportantes, asociado al incumplimiento del límite anual por gasto extraordinario; (iii) disposición para uso particular, en compra de carteras de comunidades –retroalimenta la posición dominante–, especulación inmobiliaria o financiera; y (iv) elusión de controles de la gestión.

Las empresas que se sirven de cuenta única, debido a las ilícitas ventajas inherentes, registran un tamaño, volumen de negocio (número de comunidades administradas, magnitud) y expansión muy superiores a las que no lo utilizan, con el resultado de restringir la competencia vía economías de escala, tanto en la entrada al mercado (costes de establecimiento) como a su permanencia, además de generar competencia desleal.

Esta práctica afecta al mercado interior, siendo el nacional parte sustancial del mismo, pero también por la repercusión directa sobre ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea residentes en España, 1.777.989, hogares donde la vivienda en propiedad alcanza el 41,7%.”

La denuncia ante DG Competencia de la Comisión Europea, registrada el 9 noviembre 2018, considera que la cuenta única, prima facie, incurre en conductas prohibidas en los arts. 101 y 102 TFUE, determinantes de vulneración de la competencia.

Denuncia PDF

Registro PDF

El recurso descansa en dos premisas incontrovertibles. Por una parte, la legalidad española, con origen en el Decreto de 16 enero 1716, sobre Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, dictado por el Rey Felipe V invocando el derecho de conquista. Y por otra, la legalidad consiguiente a la Declaración Unilateral de Independencia proclamada por el Parlament de Catalunya el 27 octubre 2017, que según el Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Kosovo, es conforme al Derecho Internacional general.

“Dispone el art. 134.2 LEC, podrán “interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora”. El supuesto de hecho comprende los elementos,

A) FUERZA MAYOR. Partimos de la definición normativa de fuerza mayor ex art. 1.105 CC, “aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”, requisitos de imprevisibilidad o irresistibilidad utilizados por la jurisprudencia (por toda, Roj: ATS 9725/2017, ATSJ CAT 359/2017). En efecto, la declaración de independencia de Cataluña y sus consecuencias reúnen claramente los caracteres de fuerza mayor, no eran previsibles y como acontecimiento histórico tampoco evitables. Puesto que la ley no distingue, nada empece que la fuerza mayor tenga carácter general.

B) ALCANCE. La causa debe imposibilitar el cumplimiento de los plazos. Pero a raíz del proceso de secesión abierto con la declaración unilateral de independencia, el grave conflicto entre República Catalana y Reino de España proyecta esa doble legalidad no solo a los actos de parte susceptibles de preclusión, sino a toda la actividad desarrollada por la planta judicial en el territorio, menoscabando de forma irreparable la seguridad jurídica, cuando además, únicamente el nuevo marco garantiza la independencia judicial.
Así las cosas, a la luz de la finalidad del proceso cual es el cumplimiento de la función jurisdiccional ejercida con todas las garantías, de acuerdo al art. 134.2 LEC, procede acordar la suspensión mientras persista la coyuntura de fuerza mayor que impide su válida continuidad.”

Recurso directo de revisión de 3.07.2018 PDF

Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, Procedimiento Prueba anticipada antes de demanda 225/2017-F.

Diligencia de Ordenación de 25.05.2018, Letrado de la Administración de Justicia D. RAFAEL HUERTA GARCÍA,

“y visto que la solicitud de beneficio de asistencia jurídica gratuita es de fecha 29-06-18 y la notificación del auto de fecha 16-05-15 a la parte actora es de fecha 23-05-17 no ha lugar a lo solicitado en el escrito de dicha procuradora por preclusión del plazo para apelar.”

Solicitud de rectificación de errores materiales manifiestos,

“Habida cuenta que el Auto de 16 mayo 2017 (erróneamente indica 2015) no fue notificado el 23 sino el 24 mayo 2017, y la solicitud de asistencia jurídica gratuita tuvo entrada en el Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta el 15 junio 2017, tampoco el 29 junio 2018, es claro, subsisten cinco días del plazo legal de veinte atribuido al recurso de apelación.”

Diligencia de Ordenación de 25.05.2018,

Cuanto antecede, unido a la subsiguiente represión policial durante la jornada electoral, intervención de la Generalidad, persecución, encarcelamiento y exilio del Presidente, miembros del Gobierno, diputados, otros cargos electos, funcionarios y defensores de derechos humanos, en un contexto de quiebra de la independencia judicial, harto denostada por organismos internacionales, conforman fuerza mayor de notoria gravedad con repercusión bastante sobre la válida continuación del proceso.

Previene el art. 134.2 LEC, ”[p]odrán […] interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás”.

Solicitud de suspensión por fuerza mayor PDF

Decreto de 13.04.2018, que desestima la petición PDF

Solicitud para subsanar Decreto PDF

Tras veinte años de lucha contra la corrupción judicial que corroe España, tres de ellos desde el exilio, y acosado por el Estado a mi regreso, hay luz al final del túnel.

De acuerdo con el Derecho extranjero, singularmente la legislación de Estados Unidos de América, inter alia, “Alien Tort Claims Act”, “Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act” y la reciente “Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption” (20.12.2017), será posible poner fin a la impunidad de jueces, fiscales y demás funcionarios de justicia, adoptando medidas para hacer efectivos los principios de memoria, verdad, justicia y reparación.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/