Diligencia de la Policía Judicial Guardia Civil de Sitges:

“Que a las 21.45 horas del día de la fecha [8.10.1997], se recibe llamada telefónica dimanante de la dirección del Hotel xxx de esta localidad, informando de que tenían en su poder la llave de la maleta propiedad del fallecido PETER SIMMS, por lo que se traslada una patrulla de este Puesto hasta el hotel recogiendo la llave, la cual entregan al Instructor de las presentes, quedando la misma depositada en estas dependencias.”

Declaración del acompañante ante el Juez Forense británico, 16.01.1998:

“I then went back to the hotel. On looking througt Peter’s cloting. I located the key to Peter’s suitcase in the leg of a pair of his trousers.
The next morting I went back to the Police station with the key. The Judge informed the Police that the case could be opened, which was then done. All of Peter’s property was then listed down, including his passport and wallet. I then signed a statement verifying the listed contents.”

(Luego regresé al hotel. Buscando en la ropa de Peter encontré la llave de su maleta en la pernera de su pantalón.
La mañana siguiente fui al puesto de la Guardia Civil con la llav. El Juez autorizó a la Policía a abrir la maleta y procedieron a ello. Todas las pertenencias de Peter fueron enumeradas, incluyendo pasaporte y billetera. Luego firmé una declaración de conformidad con el contenido.)

Habida cuenta la alarmante discrepancia de ambas versiones, cabría PREGUNTAR al exfiscal JOSÉ MARÍA DE MENA ÁLVAREZ*, entonces Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña:

¿QUÉ HABÍA EN LA MALETA?

*Invitado a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya el pasado 19.06.2017.

No debería ser complicado demostrar que los jueces que pusieron en libertad provisional bajo fianza al presunto narcotraficante Carlos el Negro, pocos días antes de ser juzgado por delitos por los que se le pedían 60 años de prisión y 69.000 millones de pesetas de multa, incumplieron como mínimo sus obligaciones profesionales. De acuerdo con la ley de probabilidades, el acusado se dio a la fuga de inmediato. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer remitir el caso al fiscal general para que considere la posible existencia de un delito y someterlo también a su comisión disciplinaria para que determine si hubo negligencia culpable.

La decisión de los tres magistrados resulta literalmente incomprensible. El riesgo de fuga era evidente, pero los jueces dedujeron por su cuenta que la depresión que, según el informe psiquiátrico, padecía el acusado neutralizaba ese riesgo. El antecedente más conocido es el del mafioso Antonio Bardellino, fugado en 1984, pero ya entonces se comprobó la dificultad de probar un posible delito de prevaricación -dictar a sabiendas una resolución injusta- cuando no existe reiteración en la actuación judicial.

El Consejo no se pronuncia sobre la eventual existencia de un delito de ese tipo, pero la remisión al fiscal general indica que no lo descarta. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que esa remisión se realizará cuando el Consejo considere que un juez o magistrado ‘ha realizado en el ejercicio de su cargo un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta’. Será la fiscalía, por tanto, quien valorará la eventual dimensión penal de los resultados de la inspección del Consejo.

De los datos conocidos es imposible no deducir indicios de lo que en cualquier oficio se consideraría grave negligencia profesional. Incluso si el informe psiquiátrico -sobre el que Instituciones Penitenciarias también ha abierto una investigación- hiciera inexcusable liberar al preso, tendrían que haberse tomado las precauciones obvias: una fianza mayor, control diario -y no quincenal- del reo, comprobación del domicilio indicado y vigilancia del mismo, como había pedido el fiscal. Que un comportamiento así quedase impune, con la excusa de que no está expresamente contemplado entre los motivos de responsabilidad disciplinaria, tendría un efecto letal para la credibilidad de la justicia. La discrecionalidad del juez no equivale a arbitrariedad y, desde luego, no ampara la incompetencia. Y para evitarlo está el órgano de gobierno de los jueces.

El País, 4.01.2002, Opinión.

“SOLICITO AL CONSEJO: Que por deducido este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por formulada DENUNCIA contra los Magistrados de la Audiencia Provincial de Tarragona, D. ANTONIO CARRIL PAN, Dª. MARÍA DEL PILAR AGUILAR VALLINO, D. MANUEL DÍAZ MUYOR, D. GUILLERMO ARIAS BOO, D. JOAN PERARNAU MOYA, y D. MANUEL GALÁN SÁNCHEZ., y previos los trámites legales oportunos, acuerde depurar las responsabilidades disciplinarias que correspondan.

OTROSÍ DIGO PRIMERO. DEDUCCIÓN DE TESTIMONIO. Dispone el art. 409 LOPJ, “Cuando el Consejo General del Poder Judicial […] considere que un Juez o Magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo podrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la acción penal”; consecuentemente,

SOLICITO: Comunique las referidas conductas al Ministerio Fiscal para que entable la acción penal contra los Magistrados implicados.”

DENUNCIA MAGISTRADOS AP TARRAGONA AL CGPJ

Ponencia presentada en el I Encuentro Nacional de Profesionales, Familiares y Exmiembros de Sectas, 6-7 marzo 2015, Barcelona.

Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera:

Antonio Carril Pan, Presidente
María del Pilar Aguilar Vallino
Manuel Díaz Muyor

Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Tercera:

Guillermo Arias Boo, Presidente
Joan Perarnau Moya
Manuel Galán Sánchez

Reunidos en Junta Sectorial de Magistrados del Orden Civil el 7 julio 2014, los Magistrados consignados al margen acordaron por unanimidad unificar criterios en materia de intereses moratorios abusivos en contratos, con incumplimiento flagrante de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

El Acuerdo fue recurrido ante el Consejo General del Poder Judicial.

Acuerdos impugnados

Recurso de alzada ante CGPJ

El Magistrado español DANIEL DE ALFONSO LASO, que se presenta como “creyente ferviente” ante el supernumerario del Opus Dei JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, entonces Ministro del Interior, invoca, “33 jueces metidos en la carrera judicial preparados por mí, sin ninguna mácula por así decirlo y los tres de oficina, me hacen tener contactos en Guardia Civil, en Mossos, en Policía, entre periodistas, entre abogados”.

¿Se puede saber quiénes son esos 33 jueces “pata negra”, que ingresaron en la Judicatura vía opusiciones “metidos” por el preparador De Alfonso?

http://ficheracos.publico.es/files/mp3/2016/20160624133142-clip4corte31130-1337.mp3 0:33

Toda persona tiene derecho a un Tribunal independiente e imparcial (art. 6.1 Convenio Europeo de Derechos Humanos). Si el justiciable entiende que se encuentra afectada la imparcialidad del juzgador, y dispone de un principio de prueba, debe instar su abstención y subsidiaria recusación.

Cuando la imparcialidad se ve comprometida por la doble pertenencia a la Judicatura y al Opus Dei, dado el secretismo imperante en esta secta, demostrarlo puede devenir probatio diabolica, luego, no queda otra que instar declaración de vínculos al juez o magistrado concernido.

SOLICITUD DECLARACIÓN DE PERTENENCIA