Christian Cotten, palabras vehículo de verdad, en un país, Francia, donde aún hay esperanza, son predicables igualmente de Juzgados y Tribunales españoles opusinos:

“Les évidences de crime commis en bande organisée dans un cadre protecteur de solidarité tribale au sein des institutions de l’État sont terrifiantes pour tout citoyen qui en prend connaissance.

Tout autant terrifiante est l’attitude et les résultats obtenus par l’institution judiciaire et par l’Agent Judiciaire de l’État en application du logiciel OMERTA : solidarité tribale et clanique, loi du silence, condamnation des victimes qui réclament justice et réparation, maquillage des autopsies, des exhumations, des expertises, des tests ADN… Ne pas faire de vagues, rendre service au collègue de la fonction publique et assimilé dans l’ennui d’une erreur ou d’un gros dérapage, profiter de son pourcentage sur le chiffre d’affaires…

Ce logiciel OMERTA, utilisé pour des milliers de dossiers de violences judiciaires sur des victimes démunies ne peut plus être accepté par les citoyens d’un État de droit d’une République démocratique. La liste des corruptions et forfaitures de trop de magistrats est beaucoup trop longue pour rester tolérable.”

“Merci à tous ceux qui luttent contre les trafics d’influence judiciaires dans de multiples dossiers de se mobiliser, nous avons besoin de vous. Merci notamment aux policiers, gendarmes et militaires qui savent à quel point les institutions de la République sont instrumentalisées par des clans criminels qui s’autoprotègent. Je ne leur apprends rien, c’est l’inverse, merci à eux de leurs précieuses informations.”

 

* François Hollande, la justice est une “institution de lâcheté.

 

OTROSÍ DIGO SEGUNDO. DENUNCIA DE HECHOS CONEXOS. A través de la precitada petición de subsanación, otrosí segundo, “[e]n orden a mantener la continencia de la causa, por economía procesal y eficacia en la lucha contra la corrupción y criminalidad organizada, conforme establece el art. 759 LECrim”, insté a este Juzgado Central promover de oficio “cuestión de competencia frente al Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tarragona, reclamando el conocimiento de las Diligencias Previas 6432/2008 Sec. 4 para su acumulación”, habida cuenta cuanto sigue:

“Según la testigo Dª. VICTORIA ÁLVAREZ MARTÍN, en comparecencias ampliatorias ante la Oficina Antifraude de Cataluña el 4 y 12.03.2013, D. JORDI PUJOL FERRUSOLA adquirió la explotación de Puerto del Rosario (Argentina) invirtiendo “30 millones de euros”, 9 con origen en paraísos fiscales y los 21 millones restantes en el Puerto de Tarragona y en otras administraciones de la zona, controladas por Convergència i Unió. La operación “comenzó en 2004 y 2005 y se materializó en 2006”. (El Mundo, 12.02.2014, Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda, “Pujol Jr. compró Puerto Rosario con dinero público”). http://www.elmundo.es/cataluna/2014/02/12/52fa9b68268e3e06438b4577.html

En lo tocante a la referencia “otras administraciones de la zona”, el Ayuntamiento de Tarragona acordó la construcción del parking subterráneo Jaume I, un equipamiento inteligente adjudicado en 3,9 millones de euros y plazo de ejecución 24 meses, que 14 años después, no terminado, alcanza 30 millones de euros. Indicios de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude dieron lugar a las D.P. 6432/2008 Sec. 4 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tarragona, aún en curso.

El informe pericial encargado por el Juez al objeto de ”comprobar si las facturas coinciden con la obra ejecutada y el material instalado, y si los precios que se indican se corresponden con los de mercado” lo niega categóricamente, poniendo de relieve innumerables irregularidades. Así, precios de los contratos “incrementados respecto a las ofertas presentadas sin justificación alguna”, “conceptos de facturas duplicados”, las facturas disponibles “que figuran en autos como pagadas ascienden a 11,3 millones de euros”, “a las que habrá que añadir la multitud de partidas de las que no consta justificante”, esto es, 19 de los 30 millones que se gastaron no están justificados por ninguna factura, lo cual hace ”imposible saber el coste total del parking”. (La Vanguardia, 14.04.2016, Sara Sans, “El aparcamiento Jaume I, el agujero negro de Tarragona”). http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20160229/4085293702/aparcamiento-jaume-i-tarragona-informe-perito.html

La obra se adjudicó en noviembre de 2002, a finales del mandato municipal 1999-2003, ejecutándose entre 2003 y 2007 –casi en paralelo con la operación Puerto del Rosario (2004-2006)–, con Consistorios gobernados por el convergente D. JOAN MIQUEL NADAL MALÉ, Alcalde de Tarragona durante casi dieciocho años, ocho de ellos bajo investigación de la Fiscalía anticorrupción, y muy próximo a D. JORDI PUJOL FERRUSOLA.

Así las cosas, vista tanto la confluencia cronológica como la semejanza de cantidades en liza, a la luz de la información disponible, verificado que sea que los delitos del caso “Parking Jaume I” podrían constituir medio para perpetrar aquellos objeto de investigación en autos, concurrirá relación de conexidad  ex art. 17.3.º LECrim.”

No constando haberse proveído al respecto, de acuerdo al art. 259 LECrim,

SOLICITO AL MAGISTRADO-JUEZ INSTRUCTOR: Tenga por formulada denuncia de tales hechos a los efectos oportunos.”

(Extracto del recurso de reforma contra el Auto imponiendo fianza a la acusación popular en causa seguida contra Jordi Pujol Ferrusola, Juzgado Central de Instrucción núm. 5 Audiencia Nacional)

Me afirmo y ratifico en lo manifestado, existen indicios racionales de fraude electoral en las elecciones del 26 de junio, y corresponde al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia la investigación urgente de los hechos, con adopción de la medida cautelarísima de suspensión de la atribución de escaños.

Suscribo la entrada publicada hoy en el blog Ataque al poder (1).

Por lo demás, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General encomienda a las Juntas Electorales Provinciales el escrutinio general, el cual incluye la apertura de sobres  de cada mesa y la anotación de sus resultados (art. 105), una garantía crucial de la limpieza electoral que viene reforzada al atribuir la presidencia y una vocalía a miembros del Poder Judicial, en el caso de elecciones generales, magistrados de la Audiencia Provincial respectiva, y la Secretaría a una Secretaria judicial del mismo órgano.

Así las cosas, aquellos servidores públicos que incumplieron tan crucial deber de garantes, omitiendo la verificación ordenada por la Ley, deben pechar con las graves consecuencias civiles, penales y disciplinarias que ello comporta.

(1) https://ataquealpoder.wordpress.com/2016/09/01/fraude-electoral-aqui-te-pillo-aqui-te-mato-1/

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3ª Conferència Internacional Sobirania i Justícia, “Building a New State”, 4 octubre 2013, el aún entonces Muy Honorable Jordi Pujol Soley introduce al embajador de Eslovaquia, recordando como el presidente y sacerdote Jozef Tiso “va acabar penjat”. Ejecución de Mussolini y suicidio de Hitler. Condenado por colaboracionista, Pétain vió conmutada la pena capital pero no así Laval. En Nuremberg otros diez dirigentes nacionalsocialistas fueron “deaths by hanging”. Deshielo de la Europa comunista, 25 diciembre 1989, el pueblo rumano fusila a los Ceaucescu. Fin de época.

En la Cataluña expoliada por el “Règim de la Botiga” (Régimen de la tienda), las arenas movedizas del CORRUPCiU impiden levantar nada nuevo. Maquiavelo sentencia (*) “después de un cambio de gobierno, es necesaria una ejecución memorable contra los enemigos de las condiciones presentes” ya que “quien hace un Estado libre y no mata a los hijos de Bruto, se mantiene poco tiempo”. La Historia no engaña.

 

* Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Libro III, Capítulo III.

Joan Miquel Nadal Malé, alcalde, horadó la roca para construir parking donde hubo el Colegio Jaume I, a metros del tramo más antiguo de la muralla romana, conocida como de los cíclopes. Casualmente se hundió una parte arriba, cosas de la Geología. A pesar de grietas en el vecindario i ruido insoportable durante meses, el problema vino con las cuentas, 25 millones de euros. Un chiringuito asociativo ejerce la acción popular pero el tema no marcha.

Me persono en el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona y solicito hablar con el Magistrado-juez. Antonio Gambón Vilalta, que está en la oficina judicial, aduce, “estoy ocupado”, jo le contesto, “espero”. De pronto sale una operaria, “hoy no puede ser, no hablará con usted sin la Secretaria”, “bien, pues que me diga cuando”. Va y viene, “mañana, en el Juzgado de Guardia”. “Este tema no es de la guardia, así que no vuelvo”.

Cuando el concernido era juez en prácticas, en un caso de querella por estafa procesal, la juez titular me pidió que él pudiera formular las preguntas, a lo cual, desgraciadamente, accedí.

Presentaré escrito entablando acusación popular. Sospecho que el affaire tiene relación con el caso Pujol y, a fin de “mantener la continencia de la causa”, lo mejor será que prosiga ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Por el bien de todos.

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/03/03/56d814bfe2704e17308b4617.html

* Ponencia presentada en el I Encuentro Nacional de Profesionales, Familiares y Exmiembros de Sectas, 6-7 marzo 2015 Barcelona.

Sumario

La organización Prelatura del Opus Dei está declarada secta por el Parlamento belga, en base a los mismos criterios que la Asamblea Nacional francesa, a los cuales nos remitimos.

Según Santiago Vidal, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, un tercio del escalafón judicial pertenece al Opus Dei.

Esta estimación debe ser matizada en dos aspectos: Primero. La distribución territorial no es uniforme, en algunos tribunales o partidos judiciales la presencia de adeptos a esta secta puede ser mucho mayor. Segundo, la incidencia numérica no es determinante. Los rasgos del colectivo  –corporativismo, endogamia, acceso por cooptación–, hacen posible que unos pocos jueces Opus se impongan frente a los restantes no miembros sin encontrar oposición.

CONCLUSIONES

1. El estatuto judicial se caracteriza por las notas de independencia e imparcialidad, con sometimiento único a la ley y al Derecho, tal como recuerda el art. 117.1 CE, mientras que en la secta Opus Dei imperan vínculos intensos de disciplina y obediencia. Por tanto, la pertenencia a la Judicatura y a la Prelatura del Opus Dei resulta absolutamente incompatible.

2. El Poder Judicial controlado por la secta Opus Dei quiebra el Estado de Derecho.

SECRETO. ¿Qué papel juega? Constituye un medio crucial para que la situación pase inadvertidad y perdure.

La propia Santa Sede ordena, “Todos los miembros del Opus Dei –tanto los sacerdotes incardinados en la prelatura como los laicos a ella canónicamente vinculados con un contrato como numerarios, agregados y supernumerarios, como los sacerdotes no incardinados en la prelatura pero asociados a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz (entidad intrínsecamente unida a la Prelatura)–, están obligados a evitar el secreto y la clandestinidad…: preguntados legítimamente acerca de su pertenencia, tienen por tanto el deber de manifestarla”.

La Constitución española prohíbe las asociaciones secretas (art. 22.5), y asimismo el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 11) ratificado por el Estado español.

No obstante tales prohibiciones, los textos fundacionales del Opus Dei imponen el secreto. Así, Reglamentos de la Pía Unión (1942), Constituciones del Instituto Secular de Derecho Pontificio (1950) y Estatutos de la Prelatura del Opus Dei (1982). Por norma, la secta Opus Dei oculta la identidad actuando a través de personas interpuestas: asociaciones, fundaciones, sociedades civiles y mercantiles, y testaferros, y sus adeptos mantienen secreta la pertenencia.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

1. Dar cumplimiento al Acuerdo aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión de 25 julio 2000, sobre propuestas de reforma de la Justicia, que no llegó a aplicarse, del siguiente tenor:

“Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en servicio activo, no podrán pertenecer ni a organizaciones secretas o que funcionen sin transparencia pública, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que puedan generar vínculos de disciplina u obediencia ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico constitucional.”

2. Hacer efectivos los fines asumidos por los defensores de los derechos humanos, “Verdad, Justicia y Reparación”, a través de tres actuaciones básicas:

Identificar, desenmascarar a los adeptos de la secta amparados por el secreto, instando la declaración de pertenencia.

Defender el derecho fundamental a un Tribunal independiente e imparcial reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros, mediante la recusación.

Exigir responsabilidades, penales, civiles y disciplinarias, frente al juez implicado, el Estado español, la Prelatura del Opus Dei, y la Santa Sede.