JUSTICIA Y OPUS DEI


Ponencia presentada en el I Encuentro Nacional de Profesionales, Familiares y Exmiembros de Sectas, 6-7 marzo 2015, Barcelona.

El Magistrado español DANIEL DE ALFONSO LASO, que se presenta como “creyente ferviente” ante el supernumerario del Opus Dei JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, entonces Ministro del Interior, invoca, “33 jueces metidos en la carrera judicial preparados por mí, sin ninguna mácula por así decirlo y los tres de oficina, me hacen tener contactos en Guardia Civil, en Mossos, en Policía, entre periodistas, entre abogados”.

¿Se puede saber quiénes son esos 33 jueces “pata negra”, que ingresaron en la Judicatura vía opusiciones “metidos” por el preparador De Alfonso?

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Toda persona tiene derecho a un Tribunal independiente e imparcial (art. 6.1 Convenio Europeo de Derechos Humanos). Si el justiciable entiende que se encuentra afectada la imparcialidad del juzgador, y dispone de un principio de prueba, debe instar su abstención y subsidiaria recusación.

Cuando la imparcialidad se ve comprometida por la doble pertenencia a la Judicatura y al Opus Dei, dado el secretismo imperante en esta secta, demostrarlo puede devenir probatio diabolica, luego, no queda otra que instar declaración de vínculos al juez o magistrado concernido.

SOLICITUD DECLARACIÓN DE PERTENENCIA

Tarragona, 12 junio 2017

THORBJØRN JAGLAND
Secretario General del Consejo de Europa
Estrasburgo, Francia

Distinguido Señor,

Prelatura del Opus Dei, organización de la Iglesia Católica declarada secta por el Parlamento belga, obliga a los miembros numerarios y agregados a llevar cilicio “cada día, al menos por dos horas”, salvo domingos y festivos (1).

El cilicio es un cinturón de alambre con púas que se anuda en el muslo, tal como muestra la imagen adjunta. La exnumeraria Agustina López testimonia (2):

“me lo ponía dos horas cada día. Un día en una pierna, el siguiente en la otra. Cuando me lo quitaba, notaba cómo los pinchos iban arrancándose de la carne, dejándomela llena de pequeñas heridas sangrantes –una por cada pincho–. Al día siguiente usaba el cilicio en la otra ingle, y así dejaba un día de por medio para que se me cicatrizara. Pero nunca acababan de cicatrizar.”

Las lesiones físicas y psicológicas causadas por el artilugio, además de presunto delito contra la integridad moral, incurren en trato degradante conforme a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Debido a la infiltración del sistema judicial español –más de dos tercios de jueces y ocho de cada diez fiscales mantienen vínculos con la “Obra de Dios”–, semejante atentado, entre otros muchos, permanece impune.

Así, mediante el presente escrito, insto al Consejo de Europa adoptar medidas urgentes que pongan fin a esta grave quiebra de los derechos humanos.

Atentamente,

Magí Ribas Alegret

(1)  Reglamento interno “Del Espíritu y de las Costumbres”, 125, (64).

Denuncia y anexos

Demanda contra el Magistrado-Juez CARLOS VICTORIANO CARRAMOLINO GÓMEZ, titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Tarragona, instando como pretensión principal la declaración de incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución (art. 5.1 LOPJ), requisito de procedibilidad exigido para hacer valer ante el Consejo General del Poder Judicial una presunta falta muy grave ex art. 417.1 LOPJ.

Procedimiento Juicio Verbal 10/2017-F, Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Tarragona.

Demanda

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El principio de separación Iglesia-Estado, también denominado de laicidad o aconfesionalidad del Estado, constituye uno de los pilares básicos de nuestro ordenamiento, a cuyo tenor, instituciones públicas y entidades religiosas respetan los ámbitos recíprocos sin intromisiones. Así lo proclama la Constitución española, “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (art. 16.3).

Por ello, causa alarma que el Poder garante de los derechos y libertades de los ciudadanos se encuentre copado por la Prelatura del Opus Dei. Esta organización integrista de la Iglesia Católica el Parlamento belga la califica de secta–, crece al calor del nacionalcatolicismo franquista aunando pregonados fines espirituales con la consecución de riqueza y poder. Sus peculiares métodos de captación, adoctrinamiento y colocación estratégica de adeptos le han procurado influencia creciente en el orden temporal patrio, especialmente Tribunales y Fiscalía.

En un Estado democrático “la Justicia emana del pueblo” (art. 117.1 CE). Luego, los cuerpos que la administran deben ser reflejo de la sociedad plural, en modo alguno coto reservado a núcleos confesionales.

Por otra parte, la doble pertenencia a la Judicatura y al Opus Dei genera conflictos de intereses entre la obligación de neutralidad del Juez “sometido únicamente al imperio de la ley”, y los vínculos de disciplina y obediencia con la Obra, siempre preponderantes, en perjuicio del justiciable.

Lo anterior se completa con la vocación secretista de la Prelatura, que ni posee una lista pública de adherentes ni éstos se muestran dispuestos a manifestar la pertenencia, contraviniendo los propios estatutos prelaticios y la prohibición constitucional de asociaciones secretas.

En suma, la infiltración opusiana del aparato judicial oficia el imposible retorno de una justicia de tiempos oscuros, superada por la Historia.

Así pues, hacer efectiva la separación Iglesia-Estado y el derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial pasa por poner término a la omnímoda influencia del Opus Dei en la Administración de Justicia española, y a este fin, la transparencia juega un papel crucial. Resulta imperativo que Jueces, Magistrados, Fiscales y demás funcionarios judiciales, titulares o interinos, declaren cualquier vínculo con la Prelatura, como condición para tomar posesión del cargo, o si es posterior, tan pronto establezcan dichos lazos, constando la declaración en un registro público.