REFORMA DE LA JUSTICIA



1. Garantías para hacer efectivo el derecho fundamental a la independencia judicial y al proceso debido.

 

1.1. Elección del Consejo General del Poder Judicial por los Jueces y Magistrados.

1.2. Declaración de pertenencia de jueces, magistrados, fiscales y demás personal judicial al Opus Dei, y a cualquier organización que genere vínculos de disciplina u obediencia.

1.3. Supresión de jueces sustitutos y magistrados suplentes.

 

2. Medidas para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de jueces, magistrados, fiscales y demás funcionarios judiciales.

 

2.1. Atribución al conocimiento del Tribunal del Jurado de las causas por delitos y faltas cometidas por personal judicial en el ejercicio de sus funciones.

2.2. Pena de prisión para todos los delitos perpetrados por personal judicial en el ejercicio de sus funciones.

2.3. Transparencia y mejora de eficacia en la depuración de responsabilidad disciplinaria del personal judicial.

 

3. Carrera Judicial y Fiscal.

 

3.1. Edad mínima de 40 años para el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

3.2. Ingreso en las carreras judicial y fiscal por concurso de méritos sometido a escrutinio público. Supresión de las oposiciones.

3.3. Superación de prueba de aptitud física y psicológica por jueces, magistrados, fiscales y demás personal judicial, antes de tomar posesión y, posteriormente, cada dos años.

 

4. Lucha contra la corrupción judicial.

 

4.1. Declaración de bienes e intereses patrimoniales de jueces, magistrados, fiscales y demás personal judicial, antes de tomar posesión y, posteriormente, cada dos años.

4.2. Transparencia en la designación de peritos judiciales.

4.3. Supresión de la representación procesal a cargo de Procurador de los Tribunales.

4.4. Supresión del depósito para recurrir.

4.5. Limitación del mandato de puestos de nivel superior de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial a dos años, prorrogables una sola anualidad.

 

*Magí Ribas Alegret – Fondation Europe Justice

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Los estudios de opinión continúan situando a la Justicia entre las instituciones peor valoradas por los ciudadanos, porque aunque les pese a algunos, la realidad es tozuda. De nuevo, escándalos judiciales ocupan las primeras páginas. “El sistema judicial hace aguas por todas partes”, advierte Miguel Carmona. En efecto, la crisis perenne de nuestra Justicia ha tocado fondo. Sus causas vienen de lejos, son estructurales, y por ello, exigen soluciones radicales, reformas profundas y con urgencia, mayor urgencia que nunca dada la coyuntura económica. No valen segundas partes o más de lo mismo de programáticos “pactos de Estado”. Tampoco, al socaire de una tradición secular, fórmulas milagrosas de cambiarlo todo para que nada cambie, marear la perdiz con cuestiones periféricas, o si se tercia, cargarse al mensajero, represaliando, incluso criminalizando la disidencia. Huelga decir que tales reformas sólo podrán llevarse a cabo de la mano de gente nueva, íntegra, comprometida con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.