ACCESO CARRERA JUDICIAL


El acceso a la Carrera Judicial por el llamado “cuarto turno”,  categoría de Magistrado, tiene lugar según el Orden Jurisdiccional. Se reserva una vacante de cada cuatro para juristas de reconocida competencia y más de diez años de ejercicio profesional, que superen el concurso de méritos y el curso de formación (art. 311.1 LOPJ).

También aquí, “[e]l ingreso en la carrera judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional. 2. El proceso de selección […] garantizará, con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a la misma de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional” (art. 301.1 LOPJ).

El concurso se compone de una fase de valoración de los méritos relacionados con el orden jurisdiccional al que se refiere la convocatoria, conforme al baremo del art. 313.2 LOPJ, y la realización de un dictamen.

Para la valoración de estos méritos, el Tribunal calificador podrá convocar a los candidatos a una “entrevista, de una duración máxima de una hora, en la que se debatirán los méritos aducidos por el candidato y su currículo profesional. La entrevista tendrá como exclusivo objeto el acreditar la realidad de la formación jurídica y capacidad para ingresar en la Carrera Judicial aducida a través de los méritos alegados, y no podrá convertirse en un examen general de conocimientos jurídicos” (art. 313.7 LOPJ). Los “méritos profesionales que se pongan de manifiesto con ocasión de la entrevista” sólo podrán aumentar o disminuir la puntuación inicial en un porcentaje máximo, a fijar en la convocatoria junto a la forma de valorar dichos méritos. Se levantará acta del contenido y del resultado de la entrevista, con expresión de los criterios aplicados (art. 313.8 y 9 LOPJ).

El Tribunal de las pruebas selectivas será nombrado por el CGPJ, estará presidido por el Presidente del Tribunal Supremo o Magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia en quien delegue, y serán vocales: dos Magistrados, un Fiscal, dos catedráticos de universidad designados por razón de la materia o, cuando no sea posible, profesores titulares, un abogado con más de diez años de ejercicio profesional, un Abogado del Estado, un Secretario Judicial de primera categoría y un miembro de los órganos técnicos del CGPJ, licenciado en Derecho, que actuará como Secretario.

Los candidatos podrán ser excluidos, a) por no concurrir en ellos la cualidad de jurista de reconocida competencia; b) por insuficiencia o falta de aptitud deducible de los datos objetivos del expediente; y c) por existir circunstancias que supongan un demérito incompatible con aquella condición, aún cuando hubiese superado, a tenor del baremo fijado, la puntuación mínima exigida. Las bases establecerán el procedimiento a seguir por el Tribunal calificador, que motivará el acuerdo por separado a la propuesta, y se notificará al interesado por el CGPJ (art. 313.10 y 11 LOPJ).

La propuesta favorable del Tribunal no vinculará al CGPJ, que podrá de forma motivada rechazar a un candidato, previa audiencia, siempre que con posterioridad “se haya tenido conocimiento de alguna circunstancia que suponga un demérito insuperable”.

Las bases establecerán las “previsiones necesarias para que el Tribunal calificador pueda tener conocimiento de cuantas incidencias hayan podido afectar a los concursantes durante su vida profesional y que pudieran tener importancia para valorar su aptitud para el desempeño de la función judicial” (art. 313.6 LOPJ).

Ilustraremos la aplicación de esta normativa con un ingreso en la anterior convocatoria, concerniente a D. CARLOS VALERIANO CARRAMOLINO GÓMEZ, nombrado por Real Decreto 402/2010, de 26 de marzo, B.O.E. 22.04.2010.

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR (B.O.E. 26.03.2009)

Presidente: Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrado del Tribunal Supremo; Vocales: Antonio García Paredes, Magistrado; Rosa María de Castro Martín, Magistrada; Antonio Gil García, Fiscal; Laura Gázquez Serrano, Titular de Universidad del Área de Derecho Civil; Pía Calderón Cuadrado, Catedrática de Universidad del Área de Derecho Procesal; Ana Sanz Cid, Abogada; Rafael Urtasun Amann, Abogado del Estado; Julián Pedro González Velasco, Secretario Judicial de la primera categoría; Vocal-Secretario: Eduardo Muñoz de Baena Simón, Letrado del CGPJ.

A. MÉRITOS

a) Título de Licenciado en Derecho.

b) Título de Doctor en Derecho.

Tesis: “Privilegios y garantías inmobiliarias a favor de la Hacienda Pública: (problemas de prelación substantiva y rango registral), Director Rafael Ballarín Hernández, Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, 2000.

c) Años de ejercicio efectivo de la abogacía ante los Juzgados y Tribunales, dictámenes emitidos y asesoramientos prestados.

Inscrito en el Colegio de Abogados de Valencia desde 25.02.1999 hasta 2010, que pasa a la situación de no ejerciente.

d) Años de servicio efectivo como catedráticos o como profesores titulares de disciplinas jurídicas en universidades públicas o en categorías similares en universidades privadas, con dedicación a tiempo completo.

“Profesor de Derecho Civil del Centro Universitario de Estudios Jurídicos San Pablo-CEU”. (Inicio se desconoce, en 2008 publica un artículo doctrinal donde consta esta actividad).

Con la creación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia) el año 2000, este centro se integra en su Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas; renuncia en enero de 2010, al acceder a la Magistratura).

g) Publicaciones científico-jurídicas.

Artículos en revistas:

“Hipoteca legal tácita y crédito singularmente privilegiado: (una breve reflexión a propósito de la resolución de 3 de abril de 1998)”, Revista General de Derecho (Valencia), N.º 649-650, 1998, págs. 12729-12744.

“Sobre la constancia en el asiento de anotación del carácter preferente de la carga anotada: (resolución de 15 de enero de 1997)”. Revista General de Derecho (Valencia), N.º 640-641, 1998, págs. 531-544.

Colaboraciones en obras colectivas:

“Estudios de Derecho Inmobiliario Registral en homenaje al profesor Celestino Cano Tello”, coordinado por Mario Enrique Clemente Meoro, Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 2002, págs. 61-88.

“Adquisición y pérdida de los derechos reales (II) Curso básico de derechos reales”, coordinado. por Juan Manuel Llopis Giner, Ed. Práctica de Derecho, Valencia, 2006, págs. 85-100.

h) Ponencias y comunicaciones en congresos y cursos de relevante interés jurídico.

Director del Máster de Mediación impartido por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

B. ENTREVISTA DE ACREDITACIÓN DE MÉRITOS

C. DICTAMEN

 “Elaboración de un dictamen que permita al tribunal valorar la aptitud del candidato” (art. 313.3 LOPJ).

En conclusión, el proceso selectivo regulado por la LOPJ para el acceso a la Carrrera Judicial por el cuarto turno no satisface el imperativo general de transparencia, se desarrolla a puerta cerrada, haciendo imposible un necesario escrutinio público garantia de objetividad e igualdad en la provisión de vacantes. Así, respecto al concurso y dictamen sólo se dan a conocer los resultados finales.

* Los datos proceden de fuentes de acceso abierto, carecen de exhaustividad y serán completados con las aportaciones de los lectores tras su debida comprobación.

 

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Actualmente, el sistema básico de ingreso en la carrera judicial lo es por la categoría de Juez mediante oposición, modalidad que se complementa con el acceso por la categoría de Magistrado para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional (cuarto turno). Ambas vías precisarán superar un curso de formación en la Escuela Judicial.

El proceso selectivo está fundado en los principios de mérito y capacidad, garantizando con objetividad y transparencia la igualdad de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como, por lo que hace a los juristas de reconocida competencia, la idoneidad y suficiencia profesional. Hasta aquí la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 301.

De entrada, procede advertir que respecto al cuarto turno, la transparencia luce por su ausencia. A diferencia de otros países, los méritos y curricula de los candidatos se sustraen al escrutinio público, eficaz método de controlar una selección objetiva e imparcial conforme a los requisitos de igualdad, mérito, capacidad, idoneidad y suficiencia profesional.

Asimismo, el curso de formación exigido por la Ley, según acredita el diario oficial, también deviene prescindible. A tenor del art. 307.2 in fine LOPJ, “en ningún caso la duración del curso teórico de formación será inferior a nueve meses ni la del práctico inferior a seis meses”, cuando, no obstante, los Acuerdos de 13 octubre 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso entre juristas de reconocida competencia (B.O.E. 27.10.2005), en su base G.4 disponen “la fase teórico-práctica del proceso selectivo tendrá una duración de un mes”, dando lugar a los nombramientos y asignación de destinos (Real Decreto 337/2007, de 2 de marzo, B.O.E. 19.03.2007).

Habida cuenta tanto la letra como la finalidad de la norma, “proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad”, la casi supresión del curso de formación suscita dudas razonables sobre la legalidad de dichos nombramientos, que la seguridad jurídica obliga a aclarar. Por ello, en los procedimientos con intervención de los Magistrados concernidos, las partes estarán legitimadas para impugnar el acto del nombramiento ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses desde su publicación, solicitando la declaración de no ser conforme a Derecho, y en sede del propio proceso, podrán instar la nulidad de las resoluciones judiciales que traen causa.