No debería ser complicado demostrar que los jueces que pusieron en libertad provisional bajo fianza al presunto narcotraficante Carlos el Negro, pocos días antes de ser juzgado por delitos por los que se le pedían 60 años de prisión y 69.000 millones de pesetas de multa, incumplieron como mínimo sus obligaciones profesionales. De acuerdo con la ley de probabilidades, el acusado se dio a la fuga de inmediato. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer remitir el caso al fiscal general para que considere la posible existencia de un delito y someterlo también a su comisión disciplinaria para que determine si hubo negligencia culpable.

La decisión de los tres magistrados resulta literalmente incomprensible. El riesgo de fuga era evidente, pero los jueces dedujeron por su cuenta que la depresión que, según el informe psiquiátrico, padecía el acusado neutralizaba ese riesgo. El antecedente más conocido es el del mafioso Antonio Bardellino, fugado en 1984, pero ya entonces se comprobó la dificultad de probar un posible delito de prevaricación -dictar a sabiendas una resolución injusta- cuando no existe reiteración en la actuación judicial.

El Consejo no se pronuncia sobre la eventual existencia de un delito de ese tipo, pero la remisión al fiscal general indica que no lo descarta. La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que esa remisión se realizará cuando el Consejo considere que un juez o magistrado ‘ha realizado en el ejercicio de su cargo un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta’. Será la fiscalía, por tanto, quien valorará la eventual dimensión penal de los resultados de la inspección del Consejo.

De los datos conocidos es imposible no deducir indicios de lo que en cualquier oficio se consideraría grave negligencia profesional. Incluso si el informe psiquiátrico -sobre el que Instituciones Penitenciarias también ha abierto una investigación- hiciera inexcusable liberar al preso, tendrían que haberse tomado las precauciones obvias: una fianza mayor, control diario -y no quincenal- del reo, comprobación del domicilio indicado y vigilancia del mismo, como había pedido el fiscal. Que un comportamiento así quedase impune, con la excusa de que no está expresamente contemplado entre los motivos de responsabilidad disciplinaria, tendría un efecto letal para la credibilidad de la justicia. La discrecionalidad del juez no equivale a arbitrariedad y, desde luego, no ampara la incompetencia. Y para evitarlo está el órgano de gobierno de los jueces.

El País, 4.01.2002, Opinión.

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“SOLICITO AL CONSEJO: Que por deducido este escrito, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por formulada DENUNCIA contra los Magistrados de la Audiencia Provincial de Tarragona, D. ANTONIO CARRIL PAN, Dª. MARÍA DEL PILAR AGUILAR VALLINO, D. MANUEL DÍAZ MUYOR, D. GUILLERMO ARIAS BOO, D. JOAN PERARNAU MOYA, y D. MANUEL GALÁN SÁNCHEZ., y previos los trámites legales oportunos, acuerde depurar las responsabilidades disciplinarias que correspondan.

OTROSÍ DIGO PRIMERO. DEDUCCIÓN DE TESTIMONIO. Dispone el art. 409 LOPJ, “Cuando el Consejo General del Poder Judicial […] considere que un Juez o Magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo podrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la acción penal”; consecuentemente,

SOLICITO: Comunique las referidas conductas al Ministerio Fiscal para que entable la acción penal contra los Magistrados implicados.”

DENUNCIA MAGISTRADOS AP TARRAGONA AL CGPJ

Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera:

Antonio Carril Pan, Presidente
María del Pilar Aguilar Vallino
Manuel Díaz Muyor

Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Tercera:

Guillermo Arias Boo, Presidente
Joan Perarnau Moya
Manuel Galán Sánchez

Reunidos en Junta Sectorial de Magistrados del Orden Civil el 7 julio 2014, los Magistrados consignados al margen acordaron por unanimidad unificar criterios en materia de intereses moratorios abusivos en contratos, con incumplimiento flagrante de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

El Acuerdo fue recurrido ante el Consejo General del Poder Judicial.

Acuerdos impugnados

Recurso de alzada ante CGPJ

 

Numerosos Magistrados, declarados en situación de servicios especiales, desempeñan puestos de nivel superior de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, donde pueden permanecer un periodo máximo de diez años. Tal es el caso de su Secretario General, Celso Rodríguez Padrón, promovido recientemente a la Audiencia Provincial de Madrid. Duración a todas luces excesiva, por cuanto el destino natural de Jueces y Magistrados es ejercer jurisdicción, no tareas administrativas. En consecuencia, urge limitar estos cargos a dos años, prorrogables una sola anualidad, porque de poco serviría la renovación del Consejo si la “nomenclatura” sigue petrificada. El tan esperado cambio de la Justicia debe comenzar por Marqués de la Ensenada 8.

El Estado de Derecho se sustenta en valores tangibles, entre ellos, destacadamente, la independencia e imparcialidad de Jueces y Magistrados. Así, desde la perspectiva de los deberes inherentes a la función jurisdiccional, suscita honda preocupación que miembros de la Judicatura participen en comidas con abogados ejercientes en su demarcación. Cuando operarios fuera del horario de trabajo perjudicaron la imagen corporativa, empresas y clubes deportivos han actuado. El Consejo General del Poder Judicial no puede cerrar los ojos, haciendo a los jueces de menor condición. En juego la imagen de la Justicia y el barómetro de confianza ciudadana bajo mínimos, urge consensuar un encuadre correcto deontológico o disciplinario de semejantes conductas. Como la mujer del César, remarca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de imparcialidad judicial incluso las apariencias revisten la mayor importancia.

 

Durante 2008, las denuncias y quejas sobre la Justicia han registrado un incremento del 69,16 por ciento con respecto al año anterior. Así lo refleja la memoria de la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ publicada ayer, que sitúa el número de denuncias en 17.490, frente a 10.339 en 2007. Aunque representen una minúscula parte de la realidad, la punta del iceberg, estos datos confirman el deterioro acelerado de nuestro Estado de Derecho. El ciudadano no denuncia porque teme represalias, y sabe que es inútil, al final los hechos quedarán impunes. Sin embargo, generar soluciones precisa información. Los usuarios afectados la ofrecen de primera mano, debería utilizarse. Hundir los puentes empeora más las cosas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno del Poder Judicial, existe y se justifica en la exclusiva finalidad de garantizar la independencia de Jueces y Magistrados en el ejercicio de la potestad juridiccional, sometidos únicamente al imperio de la ley.

Por cuanto dicha garantía opera erga omnes, incluido el Poder Legislativo, la elección del CGPJ a cargo del Parlamento y consiguiente traslado mimético de las cuotas imperantes, subvierte el fundamento de la institución.

Una simple previsión de la Ley Orgánica del Poder Judicial –desoída la advertencia del Tribunal Constitucional– ha bastado. Por obra y gracia de poner fin a la separación de poderes o reductio ad unum en versión Gobierno-mayoría parlamentaria-CGPJ, asistimos inermes al retorno de la “Justicia del Principe”. Los conocidos males de nuestra Administración de Justicia no son sino la consecuencia: politización en todas sus dimensiones, escasa credibilidad, corrupción, impunidad. Con estos mimbres, el nuevo Consejo no permite abrigar esperanzas, a lo sumo, más de lo mismo.