Diligencia de la Policía Judicial Guardia Civil de Sitges:

“Que a las 21.45 horas del día de la fecha [8.10.1997], se recibe llamada telefónica dimanante de la dirección del Hotel xxx de esta localidad, informando de que tenían en su poder la llave de la maleta propiedad del fallecido PETER SIMMS, por lo que se traslada una patrulla de este Puesto hasta el hotel recogiendo la llave, la cual entregan al Instructor de las presentes, quedando la misma depositada en estas dependencias.”

Declaración del acompañante ante el Juez Forense británico, 16.01.1998:

“I then went back to the hotel. On looking througt Peter’s cloting. I located the key to Peter’s suitcase in the leg of a pair of his trousers.
The next morting I went back to the Police station with the key. The Judge informed the Police that the case could be opened, which was then done. All of Peter’s property was then listed down, including his passport and wallet. I then signed a statement verifying the listed contents.”

(Luego regresé al hotel. Buscando en la ropa de Peter encontré la llave de su maleta en la pernera de su pantalón.
La mañana siguiente fui al puesto de la Guardia Civil con la llav. El Juez autorizó a la Policía a abrir la maleta y procedieron a ello. Todas las pertenencias de Peter fueron enumeradas, incluyendo pasaporte y billetera. Luego firmé una declaración de conformidad con el contenido.)

Habida cuenta la alarmante discrepancia de ambas versiones, cabría PREGUNTAR al exfiscal JOSÉ MARÍA DE MENA ÁLVAREZ*, entonces Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña:

¿QUÉ HABÍA EN LA MALETA?

*Invitado a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya el pasado 19.06.2017.

Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 503.

“1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión,

[…]

2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

 

3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:

a) Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

[…]

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

[…]

c) Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima,

[…]

2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.”

 

fianza

 

OTROSÍ DIGO SEGUNDO. DENUNCIA DE HECHOS CONEXOS. A través de la precitada petición de subsanación, otrosí segundo, “[e]n orden a mantener la continencia de la causa, por economía procesal y eficacia en la lucha contra la corrupción y criminalidad organizada, conforme establece el art. 759 LECrim”, insté a este Juzgado Central promover de oficio “cuestión de competencia frente al Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tarragona, reclamando el conocimiento de las Diligencias Previas 6432/2008 Sec. 4 para su acumulación”, habida cuenta cuanto sigue:

“Según la testigo Dª. VICTORIA ÁLVAREZ MARTÍN, en comparecencias ampliatorias ante la Oficina Antifraude de Cataluña el 4 y 12.03.2013, D. JORDI PUJOL FERRUSOLA adquirió la explotación de Puerto del Rosario (Argentina) invirtiendo “30 millones de euros”, 9 con origen en paraísos fiscales y los 21 millones restantes en el Puerto de Tarragona y en otras administraciones de la zona, controladas por Convergència i Unió. La operación “comenzó en 2004 y 2005 y se materializó en 2006”. (El Mundo, 12.02.2014, Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda, “Pujol Jr. compró Puerto Rosario con dinero público”). http://www.elmundo.es/cataluna/2014/02/12/52fa9b68268e3e06438b4577.html

En lo tocante a la referencia “otras administraciones de la zona”, el Ayuntamiento de Tarragona acordó la construcción del parking subterráneo Jaume I, un equipamiento inteligente adjudicado en 3,9 millones de euros y plazo de ejecución 24 meses, que 14 años después, no terminado, alcanza 30 millones de euros. Indicios de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude dieron lugar a las D.P. 6432/2008 Sec. 4 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Tarragona, aún en curso.

El informe pericial encargado por el Juez al objeto de ”comprobar si las facturas coinciden con la obra ejecutada y el material instalado, y si los precios que se indican se corresponden con los de mercado” lo niega categóricamente, poniendo de relieve innumerables irregularidades. Así, precios de los contratos “incrementados respecto a las ofertas presentadas sin justificación alguna”, “conceptos de facturas duplicados”, las facturas disponibles “que figuran en autos como pagadas ascienden a 11,3 millones de euros”, “a las que habrá que añadir la multitud de partidas de las que no consta justificante”, esto es, 19 de los 30 millones que se gastaron no están justificados por ninguna factura, lo cual hace ”imposible saber el coste total del parking”. (La Vanguardia, 14.04.2016, Sara Sans, “El aparcamiento Jaume I, el agujero negro de Tarragona”). http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20160229/4085293702/aparcamiento-jaume-i-tarragona-informe-perito.html

La obra se adjudicó en noviembre de 2002, a finales del mandato municipal 1999-2003, ejecutándose entre 2003 y 2007 –casi en paralelo con la operación Puerto del Rosario (2004-2006)–, con Consistorios gobernados por el convergente D. JOAN MIQUEL NADAL MALÉ, Alcalde de Tarragona durante casi dieciocho años, ocho de ellos bajo investigación de la Fiscalía anticorrupción, y muy próximo a D. JORDI PUJOL FERRUSOLA.

Así las cosas, vista tanto la confluencia cronológica como la semejanza de cantidades en liza, a la luz de la información disponible, verificado que sea que los delitos del caso “Parking Jaume I” podrían constituir medio para perpetrar aquellos objeto de investigación en autos, concurrirá relación de conexidad  ex art. 17.3.º LECrim.”

No constando haberse proveído al respecto, de acuerdo al art. 259 LECrim,

SOLICITO AL MAGISTRADO-JUEZ INSTRUCTOR: Tenga por formulada denuncia de tales hechos a los efectos oportunos.”

(Extracto del recurso de reforma contra el Auto imponiendo fianza a la acusación popular en causa seguida contra Jordi Pujol Ferrusola, Juzgado Central de Instrucción núm. 5 Audiencia Nacional)

En el año del Señor de 2008, inicio de la actual depresión, el distribuidor de instrumentos musicales ADAGIO, S.A. demanda en juicio monitorio a un modesto establecimiento minorista, sin éste enterarse. Acompañando cualquier documento, consigue título ejecutivo inaudita parte, es decir, no media contradicción. La susodicha musical se encuentra participada íntegramente por la sociedad inmobiliaria, HOL DRAL, S.L., presidente Manuel Alorda Escalona. Ahora, cinco años después, el Juzgado de Primera Instancia 6 de Tarragona notifica señalamiento para subasta. Desde finales de febrero insto acceder a los autos. La Secretaria Judicial ni libra ni resuelve. Reitero la solicitud ante el Magistrado-Juez. Finalmente, el lunes pasado entrega parte, 10 hojas de la ejecución y todo el monitorio faltan. Insisto, ¿de qué deriva la reclamación?. El Juzgado estuvo a cargo de José Luis Portugal Sainz, supernumerario del Opus Dei, Secretario ingresado en la Carrera por el cuarto turno, tras jubilarse le sucede Josemaría Blanco Saralegui, y luego Ignacio Lasierra Gómez, quien despachó ejecución. Pido se haga uso del catalán al proveer, van dos escritos. La Secretaria María Isabel Antolín Martín parece no entiende, pues remite los papeles a Barcelona para traducción. Dilaciones indebidas, hoy a mediodía llamo. Está reunida, por cuánto tiempo la funcionaria no sabe. Rezar el Ángelus sólo lleva cinco minutos, pienso. En estos momentos, Dios te salve María, nada más conozco.

 

Durante 2008, las denuncias y quejas sobre la Justicia han registrado un incremento del 69,16 por ciento con respecto al año anterior. Así lo refleja la memoria de la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ publicada ayer, que sitúa el número de denuncias en 17.490, frente a 10.339 en 2007. Aunque representen una minúscula parte de la realidad, la punta del iceberg, estos datos confirman el deterioro acelerado de nuestro Estado de Derecho. El ciudadano no denuncia porque teme represalias, y sabe que es inútil, al final los hechos quedarán impunes. Sin embargo, generar soluciones precisa información. Los usuarios afectados la ofrecen de primera mano, debería utilizarse. Hundir los puentes empeora más las cosas.

 

Murat Ajmedovich Gasayev, ciudadano checheno víctima de torturas, temiendo por su vida solicitó asilo en nuestro país. La Fiscalía rusa le imputa ataque armado y reclama la extradición con sólido fundamento, la “confesión” de otro detenido obtenida bajo tortura, posteriormente retractada ante el juez, que no obstante ha bastado para encarcelarle, porque como es bien sabido, los verdugos siempre llevan razón.

España ha ratificado la Convención prohibiendo sin excepciones la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la devolución (principio de non-refoulement), a cuyo tenor “ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otras formas de maltrato”.

Conviene recordar que los tratados internacionales prevalecen frente a cualquier norma de Derecho interno y deben cumplirse de buena fe. Así, concurrente el supuesto de hecho “razones fundadas de peligro de tortura o maltrato”, desencadena la consecuencia jurídica “no procede la expulsión, devolución o extradición”. Aunque la Ley de Extradición Pasiva la autorice mediando “garantías”.

Gasayev corre riesgo real de tortura y de ser sometido a un juicio injusto. Lo acreditan los informes de la Comisión Europea para la Prevención de la Tortura y el Comisario para los Derechos Humanos, ambos instituciones del Consejo de Europa, y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, sin olvidar las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos: desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, interrogatorios con tortura, malos tratos, juicios sin garantías, impunidad de los autores.

A pesar de la evidencia, en fase de control de legalidad, la Audiencia Nacional ha declarado procedente la extradición, decisión a todas luces arbitraria que invita a reflexionar. La Convención contra la tortura obliga al Estado español, incluido su Poder Judicial, “integrado por Jueces y Magistrados independientes e imparciales sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Aún a tiempo de evitarse lo peor, la pelota está en el tejado del Gobierno, no vinculado por el fallo judicial. La escasa sensibilidad demostrada en materia de extradición y asilo amenaza desbordar el vaso. Esta vez, las palabras solemnes sobre derechos humanos de Miguel Ángel Moratinos, Presidente de turno del Comité de Ministros del Consejo de Europa, habrán de demostrarse con obras.

Dicho sea de paso, el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Reino de España determina la responsabilidad internacional del Estado, ello sin perjuicio de la jurisdicción atribuida a la Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto incluye como crímenes de lesa humanidad los actos de tortura en cualquiera de sus formas de participación.