En clásica afirmación de Mirabeau, “dadme el juez que os plazca: parcial, venial, incluso mi enemigo, poco me importa, con tal de que no pueda hacer nada sino de cara al público”. Pues bien, en la Inquisición española, instrumento de control social por antonomasia, el secreto deviene según propias palabras, “el alma”, “la piedra angular del edificio”, sintetizando así la trascendencia de este medio procesal para la consecución de sus fines. Acertadamente recuerda Pérez-Reverte,” su omnipresencia y poder envenenaron España con una sucia costumbre de sospechas, delaciones y calumnias que ya no nos abandonaría jamás. Todo el que tenía cuentas que ajustar con un vecino procuraba que éste terminara ante el Santo Oficio. Eso acabó viciando al pueblo español, arruinándolo moralmente, instalándolo en el miedo y la denuncia, del mismo modo que luego ocurrió en la Alemania nazi o en la Rusia comunista”.

Aunque la Inquisición fue abolida por Real Decreto de 15 de julio de 1834, durante la regencia de María Cristina, hechos acreditados hacen temer su retorno a través del Ministerio Fiscal del Estado, que no obstante venir sometido a los principios de legalidad y transparencia, abre expedientes secretos a defensores de los derechos humanos y sus familias, rehúsa revelar el contenido, y mantiene oculta la identidad de los denunciantes, en su caso, sin permitir la contradicción, todo lo cual puede comportar trágicas consecuencias, hasta la fecha, absolutamente impunes.

 

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