El recurso descansa en dos premisas incontrovertibles. Por una parte, la legalidad española, con origen en el Decreto de 16 enero 1716, sobre Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, dictado por el Rey Felipe V invocando el derecho de conquista. Y por otra, la legalidad consiguiente a la Declaración Unilateral de Independencia proclamada por el Parlament de Catalunya el 27 octubre 2017, que según el Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Kosovo, es conforme al Derecho Internacional general.

“Dispone el art. 134.2 LEC, podrán “interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora”. El supuesto de hecho comprende los elementos,

A) FUERZA MAYOR. Partimos de la definición normativa de fuerza mayor ex art. 1.105 CC, “aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”, requisitos de imprevisibilidad o irresistibilidad utilizados por la jurisprudencia (por toda, Roj: ATS 9725/2017, ATSJ CAT 359/2017). En efecto, la declaración de independencia de Cataluña y sus consecuencias reúnen claramente los caracteres de fuerza mayor, no eran previsibles y como acontecimiento histórico tampoco evitables. Puesto que la ley no distingue, nada empece que la fuerza mayor tenga carácter general.

B) ALCANCE. La causa debe imposibilitar el cumplimiento de los plazos. Pero a raíz del proceso de secesión abierto con la declaración unilateral de independencia, el grave conflicto entre República Catalana y Reino de España proyecta esa doble legalidad no solo a los actos de parte susceptibles de preclusión, sino a toda la actividad desarrollada por la planta judicial en el territorio, menoscabando de forma irreparable la seguridad jurídica, cuando además, únicamente el nuevo marco garantiza la independencia judicial.
Así las cosas, a la luz de la finalidad del proceso cual es el cumplimiento de la función jurisdiccional ejercida con todas las garantías, de acuerdo al art. 134.2 LEC, procede acordar la suspensión mientras persista la coyuntura de fuerza mayor que impide su válida continuidad.”

Recurso directo de revisión de 3.07.2018 PDF

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