Actualmente, el sistema básico de ingreso en la carrera judicial lo es por la categoría de Juez mediante oposición, modalidad que se complementa con el acceso por la categoría de Magistrado para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional (cuarto turno). Ambas vías precisarán superar un curso de formación en la Escuela Judicial.

El proceso selectivo está fundado en los principios de mérito y capacidad, garantizando con objetividad y transparencia la igualdad de todos los ciudadanos que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como, por lo que hace a los juristas de reconocida competencia, la idoneidad y suficiencia profesional. Hasta aquí la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 301.

De entrada, procede advertir que respecto al cuarto turno, la transparencia luce por su ausencia. A diferencia de otros países, los méritos y curricula de los candidatos se sustraen al escrutinio público, eficaz método de controlar una selección objetiva e imparcial conforme a los requisitos de igualdad, mérito, capacidad, idoneidad y suficiencia profesional.

Asimismo, el curso de formación exigido por la Ley, según acredita el diario oficial, también deviene prescindible. A tenor del art. 307.2 in fine LOPJ, “en ningún caso la duración del curso teórico de formación será inferior a nueve meses ni la del práctico inferior a seis meses”, cuando, no obstante, los Acuerdos de 13 octubre 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso entre juristas de reconocida competencia (B.O.E. 27.10.2005), en su base G.4 disponen “la fase teórico-práctica del proceso selectivo tendrá una duración de un mes”, dando lugar a los nombramientos y asignación de destinos (Real Decreto 337/2007, de 2 de marzo, B.O.E. 19.03.2007).

Habida cuenta tanto la letra como la finalidad de la norma, “proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad”, la casi supresión del curso de formación suscita dudas razonables sobre la legalidad de dichos nombramientos, que la seguridad jurídica obliga a aclarar. Por ello, en los procedimientos con intervención de los Magistrados concernidos, las partes estarán legitimadas para impugnar el acto del nombramiento ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses desde su publicación, solicitando la declaración de no ser conforme a Derecho, y en sede del propio proceso, podrán instar la nulidad de las resoluciones judiciales que traen causa.

 

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